jueves, 30 de junio de 2011

Educación para la democracia

Uno de los problemas de la democracia, al menos en España, es que existe un alto grado de desconocimiento de sus mecanismos, de las instituciones y su funcionamiento, y de la Constitución. No es necesario que todos seamos expertos en teoría política y derecho constitucional, pero para que una democracia lo sea de verdad los ciudadanos deben contar con unos elementos mínimos para no quedar a merced de los partidos, los politicuchos de baja estofa o, lo que es peor, demagogos e iluminados.

Ese bagaje debería adqurirse durante la enseñanza obligatoria. Me da igual que se llame Educación para la ciudadanía, Educación cívica, Educación para la democracia o cualquier otro nombre que pueda salir del escaso ingenio de nuestros políticos. Es necesaria, y lo que realmente importa es el contenido.

Como sé que es un tema polémico, aclararé que no voy a hacer una defensa de la actual asignatura tal como se ha implantado. Pero diré también que la principal objeción que se le opone no es válida. Se dice que es contraria al derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones morales y religiosas, pero no es así porque ese derecho no es absoluto ni puede jamás ser excusa para educar en contra de los principios constitucionales fundamentales. El mismo artículo que recoge ese derecho de los padres dice también que "la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales".

Por otra parte, el Partido Popular y la Iglesia Católica se opusieron frontalmente a la implantación de esta asignatura antes de que empezase a perfilarse su contenido. Antes de saber en qué iba a consistir ya estaban hablando de adoctrinamiento. Para mí, y siento decirlo, eso los desacredita por completo en este tema.

Dicho esto, paso a exponer brevemente cuál creo yo que debería ser el contenido. A mi modo de ver, la educación para la democracia tiene dos facetas, relacionadas pero diferentes: la educación en valores y la formación en conocimientos.

La educación en valores debería comenzar ya en primaria y extenderse durante toda la enseñanza obligatoria. No tiene por qué impartirse necesariamente como una asignatura diferenciada, sobre todo en primaria. Se trata sencillamente de enseñar a los niños los principios básicos de toda sociedad libre y democrática: libertad, igualdad, justicia, tolerancia, respeto, etc.

La formación en conocimientos debería comenzar en la enseñanza secundaria, y debería servir para que los chicos la terminen sabiendo cómo se organiza nuestro sistema democrático, cuáles son sus principales instituciones y su funcionamiento básico, o cómo se organizan los derechos reconocidos en la Constitución. Insisto en que todo ello sin necesidad de convertirnos en expertos juristas.

Creo que nada de lo que he expuesto tiene por qué entrar en conflicto con las creencias religiosas o las convicciones morales de nadie, y estoy convencido de que serviría para crear una sociedad más libre y justa.

miércoles, 29 de junio de 2011

Agencias de descalificación

Las agencias de calificación, como sabemos, se dedican a evaluar el nivel de riesgo de los productos financieros y emitir los correspondientes informes. Hasta ahí, nada que objetar, es una labor útil. Pero para que funcionen como deberían tienen que ser independientes, objetivas y eficaces. Y ahí empiezan los reparos. Hay varias agencias de calificación en el mundo, pero las tres más conocidas e influyentes, porque prácticamente monopolizan el sector, son las estadounidenses Moody's, Fitch y Standard & Poors, y las tres están absolutamente desacreditadas, o deberían estarlo a estas alturas.

Para empezar, su independencia ya era cuestionada antes del inicio de la crisis dado que son financiadas en gran medida por quienes se benefician especulando con los efectos de sus informes. Además, no tienen reparo en rebajar la calificación de la deuda pública de cualquier nación europea, pero mantienen la máxima calificación para la de Estados Unidos pese a que expertos de reconocido prestigio lo desaconsejan y aún lo consideran peligroso.

También su objetividad es fuertemente cuestionada, puesto que no hay ninguna transparencia en cuanto a la metodología y las variables que utilizan para sus calificaciones. De hecho, hace unos meses rebajaron la calificación a las entidades financieras españolas en bloque, y cuando se les preguntó si las habían evaluado respondieron sin ningún rubor que no lo habían hecho, y que su informe se basaba "en la difícil situación española". A tanto llega su desfachatez.

Pero lo más cuestionado es su eficacia. Mantuvieron una buena calificación a Enron hasta pocos días antes de que quebrara y a Lehaman Brothers hasta el mismo momento de su bancarrota. No solamente ninguna de ellas previó la crisis (menudos expertos en riesgos), sino que tuvieron un papel muy relevante en su origen. Fueron estas agencias las que otorgaron la máxima calificación a las hipotecas subprime, que hicieron estallar la burbuja financiera y que ahora llamamos bonos-basura.

Por si fuera poco, sus informes tienen un efecto de círculo vicioso o profecía autocumplida, dado que hacen subir los intereses de la deuda de aquellos estados que ponen en la picota. No diré que sean la causa, pero sí un factor agravante en los problemas de Irlanda, Grecia, Portugal y España.

Han sido demandadas en varias ocasiones, pero siempre han solucionado estas demandas mediante acuerdos extrajudiciales. Es decir, pagando para no ir a juicio, lo que me parece muy significativo. Ahora es el propio Congreso de los Estados Unidos el que estudia emprender acciones legales por fraude, después de que una comisión considerase que tuvieron un papel esencial en el origen de la crisis.

Y sin embargo, pese a todas esas evidencias, siguen teniendo una influencia enorme y causando estragos. Más aún, cada vez se envalentonan más. Hoy he leído en el periódico que Moody's "avisa" a las Comunidades Autónomas que rebajará su calificación si no toman más medidas de ajuste. Y hasta se atreven a señalar que deberían hacerlo en sanidad y educación. Ya no se conforman con arrogarse un papel de árbitros que nadie les ha otorgado, ahora quieren dirigir la economía de los Estados.

¿Y qué hace nuestra ilustre vicepresidenta segunda y ministra de economía y hacienda, Doña Elena Salgado, cuando se le ha preguntado sobre esto? Nada.  Decir que las comunidades deben cumplir el objetivo de déficit, y ni una palabra sobre las agencias. Así nos va.

En varios medios se ha propuesto la creación de una agencia de calificación de riesgos europea realmente independiente, objetiva y eficaz. La Canciller Merkel ya se ha mostrado favorable a la iniciativa. Espero que prospere, y que prosperen también las iniciativas legales del Congreso de los Estados Unidos. Mientras tanto, me tendré que conformar con darles a estas agencias mi propia calificación: empresas-basura. Estoy dispuesto a admitir que no las he evaluado con criterios objetivos, pero si ellos pueden hacerlo, yo también.

lunes, 27 de junio de 2011

Relojes

Utilizo habitualmente un reloj de pulsera corriente, eléctrico. La ventaja de este tipo de relojes es que nos evitamos la pequeña molestia de darles cuerda cada día, a cambio del pequeño desembolso que supone cambiar la pila periódicamente. El caso es que la semana pasada se me estropeó. Al verlo parado supuse que se le habría agotado la pila, pero al llevarlo al relojero para cambiarla me dijo que la pila aún no estaba agotada, así que lo dejé allí para que me lo reparase. Tengo otros dos relojes, igualmente eléctricos, pero como hace años que no los uso ambos estaban, como cabía esperar, sin pila.

Así que saqué del cajón donde lo guardo el viejo reloj de mi padre. Es un reloj de cuerda de fabricación suiza, de los años cincuenta. A pesar de sus muchos años y de los que lleva en el cajón, sabía que no me fallaría. Y en efecto, funciona perfectamente. Lo llevé ese día al trabajo y a la vuelta me lo quité por miedo a que rompiera uno de los eslabones de la pulsera, que está deteriorado. Lo gracioso es que, al verme sin reloj, me han regalado otro, naturalmente eléctrico. Así que ahora tengo bastantes más relojes que muñecas donde llevarlos.

¿Por qué cuento aquí esta anécdota trivial? Porque se me ha ocurrido preguntarme cuántas pilas para reloj se fabricarán anualmente en el mundo. No tengo la suficiente curiosidad como para buscar el dato, pero tienen que ser muchos millones. Toneladas de residuos químicos que no tengo ni idea de dónde van a parar.

Y lo interesante de esta absurda anécdota es que, de los cinco relojes de que dispongo ahora, el único que nunca me falla, no me ocasiona ningún gasto, y no genera ningún residuo es el viejo, robusto y fiable reloj que solo sale del cajón para sacarme de un apuro.

A lo mejor tendríamos que preguntarnos si de verdad nos compensa ahorrarnos la pequeña molestia de darle cuerda todos los días.

domingo, 26 de junio de 2011

Preguntas

Habitualmente procuro que las entradas que publico sean razonadas y razonables, pero de vez en cuando conviene también dejarse llevar por el enfado. En este caso el que me provoca una entrevista, que acabo de leer, a un economista cuyo nombre no menciono porque no me da la gana de hacerle además publicidad.

Al principio de la crisis se habló mucho de refundar el capitalismo y de reformar el sistema financiero, incluyendo una reuníón del G-20 a la que nuestro presidente perdió el culo y la dignidad por asistir. ¿En qué ha quedado todo eso? Ya no se habla de refundar el capitalismo, salvo para tener más capitalismo, y mucho menos de reformar el sistema financiero, salvo para que los capitalistas se hagan con las cajas de ahorros. Ya no se habla de responsabilidad, sino solo de austeridad y recortes, recortes y austeridad.

Recortes y austeridad que deben recaer única y exclusivamente sobre la clase trabajadora. ¿Y los bancos, y los auténticos responsables de la crisis? Hay que sostenerlos con dinero público. Y cuando la bolsa del dinero público se queda vacía, austeridad y recortes. Los economistas que señalan que esto no hace más que agravar el problema, los que exigen que los bancos paguen su parte de la factura, por alguna extraña razón solo logran publicar en medios alternativos, nunca en los grandes medios.

Hoy tengo, sobre todo, preguntas.

¿Por qué la reforma financiera recae solamente sobre las cajas de ahorros?
¿Por qué no hay ni una sola mención a ellas en la Ley de Economía Social aprobada en marzo? ¿No son una de las formas más importantes de economía social en España?
Si se afirma que las cajas deben seguir los mismos criterios de eficiencia que los bancos, ¿por qué se les exigen requisitos más severos que a estos?
¿Por qué a un país se le imponen condiciones draconianas para un "rescate", y a un banco se le rescata incondicionalmente?
¿Por qué se habla tanto de deuda pública y tan poco de deuda privada?
¿Por qué se da tanta publicidad a los informes del FMI y tan poca a los de la OIT?

....

sábado, 25 de junio de 2011

Integración de los inmigrantes

Entremos en temas polémicos. Hasta ahora no lo he hecho salvo quizá en la entrada sobre la Segunda República y la de la guerra de Libia, que solo traté superficialmente. En el resto de entradas estoy seguro de que la mayoría de los que leéis este blog estáis de acuerdo conmigo.

Hace una semana me llegó un correo electrónico reenviado, por lo que no sé su origen aunque el autor dice trabajar en una oficina del INEM. En él se relata el caso, que se da como verídico y que muy bien podría serlo, de un hombre de origen marroquí nacionalizado español, por lo que se supone que lleva en España los diez años que se exigen para obtener la nacionalidad por residencia, y que sin embargo apenas habla español. Según el correo, este hombre trabajó en España dieciocho meses y cobró la prestación por desempleo contributiva durante cuatro, subsidio por agotamiento (ayuda familiar) durante veinticuatro acreditando tener familia a cargo en Marruecos, subsidio por cotización insuficiente durante veintiún meses, y por último PRODI durante seis. Cincuenta y cinco meses de prestaciones en total. El autor se cuida de añadir una breve frase final para mencionar, como de pasada, que esos casos también se dan entre españoles. El resto del nada breve correo se refiere exclusivamente a los marroquíes.

Pues sí, estos casos se dan, sin que haya ninguna diferencia entre españoles y extranjeros ¿A qué tanto hincapié en la nacionalidad de origen? Este ciudadano ha trabajado aquí como cualquier español, ha cotizado aquí como cualquier español, tiene el mismo derecho a las prestaciones que cualquier español, y abusará o no del sistema como cualquier español. Porque espero que nadie sugerirá que los admitamos solo para que trabajen y coticen para nosotros, y cuando se quedan sin trabajo se vuelvan a su país con una palmadita en la espalda. Como dije en otra entrada, cuando vienen las vacas flacas es fácil caer en la tentación de echar la culpa a los inmigrantes y exigir que se marchen como si no tuvieran ningún derecho. Pues no, y ni siquiera voy a insistir en que la inmigración no es la causa del desempleo. A las duras y a las maduras.

Otro punto tiene este correo que merece la pena comentar, y es el hecho de que personas que llevan años viviendo y trabajando en un país apenas aprendan los rudimentos del idioma. Porque sí es verdad que podríamos estar empezando a tener un problema de integración. Por supuesto, hay muchos inmigrantes de diferentes nacionalidades que están bien integrados o se esfuerzan por integrarse, pero también es cierto que con frecuencia forman comunidades nacionales para darse apoyo unos a otros. Es lógico, y conviene que de vez en cuando nos metamos en su piel.

Hace años que tengo un trato superficial con un ciudadano marroquí. Cuando lo conocí hablaba español con dificultad, ahora muy fluidamente, tuvimos aquel día una conversación que me dio qué pensar. Le pregunté cómo se pronunciaba realmente su nombre y cuando me lo dijo debí de poner cara de eso no hay cristiano que lo pronuncie porque la conversación siguió así:
- ¿Es difícil, no?
- Para nosotros sí
- Pues imagínate cuando yo llegué a España, sin saber una palabra del idioma

Bromeé diciendo que tampoco sabía pronunciar algunos apellidos vascos pero, como digo, me dio que pensar.  No es difícil ponerse en su lugar y entender que cuando llegan busquen la ayuda de sus compatriotas. El problema es que en esas comunidades que forman acaban relacionándose entre ellos, y no con los españoles, lo que dificulta su integración.

¿Y qué significa integrarse? Porque cada vez que surge el tema surge también algún tonto de baba (nacional o importado, que tontos de baba los hay en todas partes) que suelta la tontería de la tortilla de patatas. Integrarse no significa que deban renunciar ni a su religión ni a sus costumbres, sino simplemente que vivan aquí con normalidad. No tienen por qué adoptar nuestras costumbres, pero sí aceptarlas y respetarlas. Tampoco tienen por qué renunciar a las suyas, siempre y cuando estén dentro del límite tajante que imponen las leyes y no sean contrarias a los valores fundamentales de nuestra sociedad. Y en eso quiero ser claro, no admito que nadie me tilde de racista o xenófobo por no renunciar a principios que son irrenunciables.

También cabe esperar de los inmigrantes un esfuerzo por aprender, cuando menos, el idioma y las normas esenciales de convivencia. Nos corresponde a nosotros facilitarles en lo posible ese esfuerzo, y eso incluye dejar de tolerar que nos llamen racistas por no consentir conductas o dar tratos de privilegio que no consentiríamos ni daríamos a un español. Debemos facilitárselo, digo, por humanidad y porque solo así estaremos justificados, si no lo realizan, a suponer que no quieren integrarse. Y, entonces sí, podremos exigirles que se vuelvan a su país. Porque yo siento un gran respeto por los inmigrantes, pero no me siento obligado a respetar a quienes no me respetan.

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jueves, 23 de junio de 2011

¿Y Libia?

Es algo que suele suceder. En el mundo actual la información llega muy rápido y en grandes cantidades. Entre tanta información, a menudo nos quedamos solo con los titulares y no profundizamos en ella, y los periódicos necesitan noticias nuevas para vender ejemplares. Las noticias, por definición, no pueden ser viejas. De modo que una noticia es portada un breve tiempo, genera debate, polémica, y luego es desplazada por otras y, a menos que nos afecte directamente, cae en el olvido. Incluso siendo el tema tan grave como una guerra.

Cuando comenzó el conflicto de Libia me sentí inclinado a apoyar la intervención considerando, y así lo dije, que a quien luchaba por la libertad había que apoyarlo. Adopté esa postura esperando que la intervención sirviese para que el pueblo libio pudiese decidir libremente su futuro, y temiendo que el conflicto acabase enquistándose y convirtiéndose en uno de esos mal llamados conflictos de baja intensidad que asolan los pueblos más que la guerra abierta. Desde entonces he intentado seguir con regularidad la información de este conflicto, pero la que me llega es escasa, de mala calidad y a menudo contradictoria. Hoy mismo he leido dos noticias en distintos periódicos. En uno se recogía la afirmación de Gadafi de que resistiría hasta el final, en el otro la declaración de uno de sus ministros de que estaba buscando la manera de salir del país evitando la Corte Penal Internacional.

Otra cuestión llamativa de las noticias es que suelen referirse casi exclusivamente a lo que deciden o no deciden la Unión Europea y la OTAN, o bien a los muertos ocasionados por algún bombardeo o ataque de uno u otro bando, pero rara vez a la situación real del país y su población o la evolución del conflicto.

Por eso llevo casi tres meses sin decir una palabra sobre el conflicto desde la única nota que publiqué sobre el tema y que no recogí en este blog. Llevo un tiempo pensando en escribir nuevamente sobre el tema y sin decidirme a hacerlo, porque sencillamente no se a qué atenerme ni lo que sucede en realidad. Solo sé que cada día que pasa disminuye mi esperanza y aumenta mi temor.

A veces lo único que hace falta para decidirnos es que alguien nos pinche, y eso es lo que me ha pasado hoy. Un amigo cuya postura al inicio del conflicto era contraria a la mía ha publicado hoy en su muro de facebook una sencilla pregunta: ¿y Libia? Naturalmente la pregunta era para todos, pero me sentí aludido. Tiene razón mi amigo, aunque no lo tengamos claro, conviene no dejar que Libia caiga en el olvido. Y por eso estoy dándole al teclado aunque hoy no tenía intención de escribir nada. Para recordaros a los pocos que me leéis que en Libia sigue habiendo una guerra, y nosotros somos parte en ella.

miércoles, 22 de junio de 2011

Salario medio y estadística elemental

A veces los profesores, especialmente los de los primeros niveles de enseñanza, no dominan suficientemente la materia que enseñan. Al menos eso ocurría cuando yo era estudiante. A los profesores de la antigua EGB se los preparaba, y supongo que seguirá siendo así, para dar una enseñanza general, y no especializada en una rama. Claro que no eran solo ellos, los programas de enseñanza también tenían algo que ver. Pero ese no es el tema de hoy.

Los profesores de matemáticas nos enseñaron a calcular medias, medianas, modas y desviaciones típicas. Lo que no nos enseñaron, al menos a mí, son los conceptos que subyacen en esas fórmulas, qué representan, para qué sirven y cómo manejarlos. Lo que significa que nos enseñaron lo menos útil, porque la mayoría de nosotros no pasamos el tiempo libre calculando estadísticas, pero a todos nos es útil saber interpretarlas. Habría mucho que hablar sobre el tema, pero ahora solo me interesa la distinción entre media, mediana y moda.

Como todos sabemos, la media es la suma de todos los valores dividida por el número de ellos, la mediana el valor que deja la mitad de los valores por encima y la mitad por debajo, y la moda el valor más repetido. Aunque sabemos que los tres valores no tienen por qué coincidir, tendemos intuitivamente a asumir que sí. La intuición nos es útil porque hay multitud de fenómenos, físicos o sociales que se ajustan a la curva normal o campana de Gauss, simétrica y en la que los tres valores coinciden.

Con frecuencia leemos o vemos en las noticias que la media de esto o de aquello es tanto, y asumimos inconscientemente que es el valor más común y que la distribución es simétrica. Y si esa intuición contradice nuestra percepción, dudamos de la veracidad de la estadística. Probablemente el periodista que la publica tenga tan poco dominio de la estadística como nosotros, pero en algunos casos lo que tendríamos que poner en duda es la intención de quien nos da el dato.

Viene esto a cuento de un artículo que he leído hoy. Muchas veces nos han dicho cuánto es el salario medio en España. Como no nos cuadra con lo que conocemos solemos poner en duda la estadística, pero ocurre que la distribución no es simétrica. Según este artículo, el salario medio en el año 2009 era de 22.511 euros brutos. Como tendemos a pensar que la media es el valor más frecuente, y la mayoría de la gente que conocemos probablemente no gane esa cifra, la ponemos en duda. El error es confundir media y moda. Según el artículo la moda, estaba en 15.500 euros brutos. Ese era el salario más frecuente, la mayoría somos mileuristas. Los salarios muy altos desvían la distribución subiendo la media. ¿Y la mediana? Siempre según el artículo, era en ese año 18.817. Por tanto la mitad de los españoles ganaban más y la otra mitad menos. Seguro que estos datos nos cuadran más que el dato escueto de la media.

¿Por qué siempre nos dan solamente la media? Sospecho que a menudo porque quienes nos dan el dato saben pocas matemáticas. Si somos desconfiados, podemos pensar que hay otra razón. Entre los chistes que se cuentan de estadísticos, hay uno que siempre me hizo gracia. Lo comparto.

El presidente del Gobierno quiere saber cuántos parados hay en el país, así que llama al ministro de trabajo:
-¿Cuántos parados hay en el país?
- Cinco millones
Como no se fía de la objetividad del ministro de trabajo, llama al de economía:
-¿Cuántos parados hay en el país?
- Cuatro millones
Tampoco se fía de la objetividad del ministro de economía, así que llama a alguien objetivo, un estadístico:
-¿Cuántos parados hay en el país?
El estadístico va hasta la puerta, se asoma al pasillo, mira a un lado y otro, cierra la puerta y dice:
-¿Cuántos quiere que haya?

martes, 21 de junio de 2011

Justicia inteligible

El tema de ayer me lleva a otra consideración, y es que la justicia es menos justicia cuando el ciudadano no la entiende. También en este tema podemos pensar en cosas aparentemente triviales pero que podrían mejorar sensiblemente esta institución. Viene esto a cuento de muchas sentencias, demandas y otros documentos que he tenido ocasión de leer y que a veces son dificiles de entender incluso para los profesionales, y no digamos para el profano.

Los documentos judiciales están llenos de arcaísmos que no son más que un obstáculo para el ciudadano.  Por mencionar algunos ejemplos que me vienen a la mente: ¿Porqué escribir segundo otrosí digo en lugar de numerar sencillamente los puntos? ¿Porqué una serie interminable de considerandos, en lugar de numerarlos? También están los latinismos innecesarios. No veo razón alguna para decir abintestato en lugar de sin testamento. Ni para decir in dubio pro operario en lugar de en la duda a favor del trabajador. Y luego los tecnicismos. Tal vez haya un motivo para llamar a un contrato sinalagmático aunque suene a palabrota, pero no me parce muy correcto que a un ciudadano lego en la materia le digan que su demanda adolece de falta de litisconsorcio pasivo necesario, en vez de decirle lisa y llanamente que además de demandar a fulano tendría que haber demandado también a mengano.

Pero lo que más me preocupa es la aparente y lamentable falta de capacidad de algunos jueces y abogados para redactar un párrafo coherente, bien estructurado y correctamente puntuado. Si le vas a negar a un ciudadano un derecho o una pretensión, lo menos que puedes hacer es explicarle claramente tu decisión. Por muy legal que sea esa decisión, es difícil que el ciudadano la acepte si la sentencia es tan farragosa que no la entiende.

A menudo he pensado que la justicia podría mejorar mucho con una medida tan simple como un curso de redacción obligatorio para todos los profesionales del Derecho. Pero, pensándolo bien, el problema no es de la administración de justicia, sino del sistema educativo. Es inadmisible que una persona llegue a la universidad sin un dominio elemental del propio idioma.


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lunes, 20 de junio de 2011

Independencia judicial

La separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial es un principio básico y universalmente admitido de la democracia. Evidentemente tienen que existir relaciones entre los tres poderes, y es normal y razonable que existan mecanismos de control entre ellos. Sin embargo, en España ocurre que los cauces de relación y los mecanismos de control que imagino se diseñaron con ese objeto han derivado en una indeseada e indeseable injerencia del poder ejecutivo en los otros dos poderes. En lo que respecta al poder judicial, esto se manifiesta en a través del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de este poder. No es cuestión de detallar aquí cuáles son sus funciones, lo que me interesa ahora es su composición. La Constitución establece que estará formado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y veinte miembros. De estos veinte miembros, doce deben nombrarse entre Jueces y Magistrados de todas las categorías en los términos que establezca la ley orgánica. Y me interesa destacar que dice textualmente así, "en los términos que establezca la ley orgánica". No dice quién debe proponerlos. Los otros ocho deben ser nombrados entre abogados y juristas, cuatro a propuesta del Senado y cuatro a propuesta del Congreso.

En la ley orgánica a que se remite la Constitución, y que obviamente fue aprobada por las Cortes, se estableció que de los doce miembros a elegir entre jueces y magistrados, seis serían a propuesta del Congreso y seis a propuesta del Senado. Es decir, que las cámaras eligen a la totalidad de los miembros del Consejo, aunque no tendría por qué ser así, la Constitución no obliga a ello. Más aún, en mi opinión no deberían elegir a ninguno. Creo que los doce miembros a elegir entre jueces y magistrados deberían ser elegidos por éstos mediante sufragio. Y los ocho a elegir entre abogados y otros juristas podrían ser elegidos igualmente mediante sufragio por los colegios de abogados o, incluso, catedráticos de Derecho.

El Tribunal Constitucional, estrictamente hablando, no forma parte del poder judicial, dado que su función no es juzgar, sino interpretar la Constitución en los casos en que existan dudas o conflictos. No es casual que la propia Constitución no lo regule en el título VI, sino en el IX, dedicado a él en exclusiva. Pero no cabe duda de que sus decisiones tienen gran trascendencia en el ámbito judicial.

De sus doce miembros, cuatro lo son a propuesta del Senado, cuatro a propuesta del Congreso, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial que, como hemos visto, es elegido a su vez por las Cámaras. Deben ser, según la Constitución, magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio. En este caso me parece más problemático decir quién debería elegirlos, pero no deberían ser las Cámaras y mucho menos el Gobierno. Y tampoco creo que deba ser el CGPJ, recordemos que no es un órgano jurisdiccional y que de sus decisiones depende, entre otras cosas, la interpretación que los jueces deban hacer de las leyes. Sería cuestión de plantearnos si deberían elegirse por un sistema de méritos, por sufragio universal o, aunque parezca una idea peregrina, por sufragio entre los titulados en Derecho.

En definitiva, deberíamos planteárnoslo seriamente, considerar las alternativas y decidir entre todos. Al menos así es como yo creo que deben hacerse las cosas en democracia.

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sábado, 18 de junio de 2011

Crisis, gasto público, deuda y recortes

En los inicios de la crisis, o para ser más exactos, cuando el Gobierno se vio forzado a admitir que la crisis que tanto había negado era real, una de las primeras reacciones fue pedir un incremento del gasto público, lo que el Gobierno efectivamente intentó a través del fallido plan E. De esto hemos pasado a que desde distintas instancias se exija todo lo contrario, reducir el gasto público. ¿Por qué?

En épocas de recesión, cuando los productos y servicios dejan de venderse, las empresas, al producir menos, reaccionan normalmente despidiendo trabajadores o reduciendo salarios cuando pueden, lo que aumenta el desempleo y la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Esto hace que se contraiga aún más la demanda, porque las personas disponen de menos dinero para gastar. Es un proceso autoalimentado del que resulta difícil salir.

Según la teoría económica, este círculo se puede romper incrementando el gasto público. La idea es que el Estado sustituya temporalmente a la demanda privada. Si el Estado compra esos productos y servicios que no se venden crecerá de nuevo la producción, las empresas volverán a contratar a los desempleados, estos tendrán de nuevo dinero para gastar y por tanto volverá a crecer la demanda privada. Se trata, en definitiva, de utilizar el gasto público como detonante para iniciar el proceso inverso al de la recesión.

Hasta aquí la teoría. No es absurda ni mucho menos, ha funcionado en otras ocasiones. El problema es que esta vez ha fallado, el incremento del gasto público no fue estímulo suficiente para iniciar el proceso. Dejando de momento las causas de ese fracaso, veamos las consecuencias.

Evidentemente, en la economía de un estado, como en la de cualquiera, hay ingresos y gastos. Los ingresos pueden proceder de empresas públicas, pero sobre todo proceden de los impuestos. Los gastos pueden ser muy diversos, derivados del mantenimiento de la propia estructura del estado o de los servicios que presta. Idealmente, los ingresos y gastos del estado deberían coincidir, dado que su objeto no es obtener beneficios.
Es decir, el estado debería gastar todo lo que ingresa o, visto a la inversa, recaudar solo lo necesita gastar.

Naturalmente esto no es siempre así, y se producen déficits o superávits presupuestarios. Es normal y no constituye un problema grave que el estado tenga déficit presupuestario, incluso varios años consecutivos. Un déficit puede compensarse con un superávit anterior, subiendo los impuestos, o emitiendo deuda pública, es decir, pidiendo prestado. Naturalmente, si el objetivo del incremento del gasto público es estimular la demanda, no sería lógico financiarlo subiendo los impuestos.

Sin duda todos recordaremos que el estado español tenía superavit justo antes del inicio de la crisis, y que eso llevó al Gobierno a tomar medidas que en su día me parecieron imprudentes y populistas, como la deducción de cuatrocientos euros en el IRPF o el cheque-bebé, porque lo permitía el superavit. Así que cuando el Gobierno quiso incrementar el gasto se encontró con que solo podía financiarlo mediante la emisión de deuda pública.

El problema de la deuda es que tarde o temprano hay que pagarla. Se puede aplazar el pago refinanciándola, es decir, emitiendo nuevos bonos y pagando a los viejos acreedores con lo que se obtiene de los nuevos; es una práctica admitida y frecuente, pero tiene un límite. Quienes adquieren esos bonos lo hacen porque la exclusividad del estado para recaudar impuestos les da la confianza de que cobrarán. Si empiezan a perder esa confianza, solo comprarán nuevos bonos si el estado ofrece un tipo de interés mayor.

Si hubiésemos salido de la recesión la deuda no sería un problema serio, la estaríamos pagando con los impuestos. Pero el plan no dio resultado. Los nuevos inversores solo compran deuda a tipos de interés más alto y los informes de las agencias de calificación que sospecho interesados, agravan el problema haciendo crecer la deuda. Así que el estado necesita volver al superavit para hacerle frente.

Es evidente que para volver al superavit solo hay dos vias: aumentar los ingresos o reducir los gastos. ¿Por qué optar por lo segundo? Lo de siempre: exigencias de los mercados. Se descarta la solución de aumentar los ingresos porque eso, según decíamos al principio, significaría menos renta disponible y por lo tanto más contracción de la demanda. Así que hay que reducir el gasto, y en esas estamos. "Los mercados" exigen recortes de pensiones, salarios de funcionarios, prestaciones sociales, sanidad, etc. El razonamiento parece impecable, pero no es completo porque hay otras alternativas.

En primer lugar, nadie ha justificado, que yo sepa, que los recortes tengan que ser en esas partidas de gasto. No se ha producido ningún debate serio sobre cuáles son los gastos que se deben reducir. Lo exigen los mercados, y punto.

En segundo lugar se pueden aumentar los ingresos sin aumentar los impuestos.  En España no hay estadísticas oficiales sobre el fraude fiscal, lo que ya es significativo del poco interés que hay en combatirlo. Los estudios más solventes lo cifran entre el veinte y el veinticinco por ciento, el doble que la media de la Unión Europea. Y es importante tener en cuenta que no es homogéneo. La mayor parte de ese fraude no se produce en las rentas del trabajo, sometidas a un control bastante estricto, se produce entre las empresas, autónomos y profesionales independientes.

Y en tercer lugar tampoco tengo noticia de que alguien haya justificado que solo los trabajadores tengan que pagar los platos rotos. Los acreedores del estado tendrán que apechugar también. Aunque no se ha aireado demasiado, ya se han propuesto para Grecia convenios de "quita y espera". Es decir, que los acreedores renuncien a cobrar una parte de la deuda (quita) y acepten aplazar los vencimientos de los pagos (espera). ¿No nos decían que esto lo solucionamos entre todos? Pues todos somos todos.

jueves, 16 de junio de 2011

Pensando la democracia en pequeño

La democracia puede definirse de muchas maneras y matizarse interminablemente hasta escribir extensos y sesudos tratados. Recientemente alguien me ha recordado con mucha intención y poco ingenio la definición que de esta palabra nos ofrece el diccionario de la Real Academia:

1. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno.
2. Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado.

Dos acepciones que me vienen estupendamente como introducción a la perorata de hoy, y es que la democracia es, por decirlo así, bidireccional. Es una moneda con su anverso y su reverso. Para que exista democracia tienen que darse dos condiciones, que el pueblo pueda participar en el gobierno y que efectivamente lo haga. Lo uno no implica lo otro. Puede haber falta de democracia porque los ciudadanos no puedan participar, pero tampoco la habrá si, pudiendo participar, no lo hacen. Si el pueblo no ejerce su soberanía, alguien la ejercerá por él.

No nos engañemos, la mayoría de nosotros limitamos nuestra participación en la democracia a depositar el voto en una urna cuando nos convocan, a veces ni eso. Existen otros medios para participar que no utilizamos, que no queremos utilizar, que nunca nos hemos planteado utilizar o que sencillamente no conocemos, porque no nos hemos tomado la molestia de informarnos sobre ello. No solo podemos afiliarnos a un partido y ser candidatos, sino formar partidos y agrupaciones de electores, o promover iniciativas legislativas populares. También podemos participar activamente de forma individual a través del defensor del pueblo o el derecho de petición.

Además, la democracia no se ejerce solo en los gobiernos y parlamentos, sino en todo aquello en lo que haya que tomar decisiones, grandes o pequeñas. Y eso es de lo que quiero hablar hoy, de la democracia en pequeña escala y de las decisiones que no se toman en los parlamentos. No se trata solo de legislar, democracia también es influir en lo que nos rodea de modo más cercano y en lo que nos afecta directamente. El ejemplo más inmediato que se me ocurre son las juntas de propietarios de los edificios de viviendas, es frecuente que parte de los vecinos no asistan y, de los que asisten, es habitual que solo unos pocos participen activamente; el resto suelen limitarse a votar.

Hace algún tiempo asistí a una asamblea general de un colegio profesional. No conté el número de asistentes, pero estoy seguro de que no llegaban al centenar, de más de mil colegiados. Solo intervinieron los componentes de la mesa, nadie más tomó la palabra y no hubo ruegos ni preguntas. No quiero decir que no hubiera turno de ruegos y preguntas, que lo hubo, sino que nadie hizo pregunta alguna, yo tampoco.

Nunca he asistido a una asamblea de una cooperativa porque nunca he sido socio de ninguna, pero un profesor de reconocido prestigio en derecho cooperativo me comentó hace tiempo lo que él había vivido en más de una ocasión: poca o ninguna participación, votaciones a mano alzada y elecciones de cargos "por aclamación".

Podemos participar en el sistema educativo a través de los consejos escolares, de las delegaciones de alumnos y de las asociaciones de padres de alumnos. ¿Cuántos padres pertenecen a estas asociaciones y participan en ellas? ¿Cuántos padres o alumnos son candidatos a los consejos escolares o votan en las elecciones? Podemos participar en la economía a través de los sindicatos, los comités de empresa, los delegados de personal y las organizaciones patronales. No sé cuantos empresarios pertenecerán a estas organizaciones, pero el porcentaje de afiliación a sindicatos no llega al veinte por ciento. Podemos participar en la vida de nuestro barrio a través de las asociaciones de vecinos, en la cultura a través de ateneos, liceos, orfeones... La lista podría ser larga.

También podemos dejar oir nuestra voz a través de las tradicionales cartas a la prensa o a través de internet. Ese, y no otro, es el motivo por el que comenzé  escribir este blog.

Por supuesto, no se trata de que tengamos que utilizar todos estos medios, ni de pasarnos la vida tratando de estar en todas partes. Se trata de que tengo la impresión, por supuesto subjetiva, de que no utilizamos prácticamente ninguno. Nos quejamos de los políticos, los partidos o los sindicatos, y con razón, en las charlas con la familia, los amigos o los compañeros, pero no hacemos nada. Dejamos simplemente que nos gobiernen hasta que nos damos cuenta de que han usurpado la soberanía del pueblo. Nuestra soberanía.

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martes, 14 de junio de 2011

Desempleo e inmigración

En los últimos días he estado participando en foros de debate sobre distintos temas, entre ellos el desempleo y sus posibles soluciones. Como es natural, me he encontrado con muchas opiniones y muchas ideas, entre ellas una, afortunadamente muy minoritaria, que señala la inmigración como principal, sino única causa del desempleo.

Cuando un país alcanza las tasas de desempleo que hemos alcanzado en España al tiempo que existe una fuerte corriente inmigratoria, es fácil caer en la tentación de creer que los extranjeros nos están quitando los puestos de trabajo. Fácil, pero equivocado, y no es difícil demostrarlo.

Según las estadísticas, entre los años 2007 y 2011 el número de inmigrantes en España aumentó en 1.211.000 personas, mientras que el número de desempleados se incrementó en 2.863.000 personas. Es decir, el desempleo creció en una proporción mucho mayor que la inmigración. Por otra parte, tanto en números absolutos como en porcentaje de población, la inmigración es mayor en Alemania, Francia y el Reino Unido que en España, y sin embargo su tasa de desempleo es considerablemente menor que la nuestra. Se puede deducir por tanto que la inmigración no es la causa de la tasa de desempleo actual. Ni lo fue nunca. Basta recordar que en las décadas de los ochenta y noventa también tuvimos unas tasas de paro escandalosas cuando la inmigración era casi insignificante.

Además, aún cuando hubiera alguna relación entre ambos fenómenos, la inmigración es una constante en la historia de la humanidad y me parece absurdo creer que podemos detenerla poniendo policías en las fronteras y levantando muros.En el año 2008 el PIB per cápita español era 12,8 veces superior al de Marruecos. Es una de las fronteras más desiguales del mundo. Y ni siquiera es España el país más rico de Europa ni Marruecos el más pobre de Africa. Mientras esto siga siendo así, no habrá muro lo bastante alto.

La única forma real de detener la inmigración, suponiendo que quisiéramos hacerlo, es ayudar dedicidamente a los países de origen de los inmigrantes a desarrollarse económica, social y políticamente. Deberíamos hacerlo no solo por solidaridad, que ya es excelente motivo, sino por simple egoísmo.


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domingo, 12 de junio de 2011

Más reflexiones sobre la democracia

Tras un inmerecido descanso vuelvo a la carga. Hablaba en mi última nota, hace tres semanas, de la reforma constitucional y de la ley electoral para que las cámaras sean más representativas. Para que un sistema como el que describía funcione y sea verdaderamente representativo de la voluntad popular es necesario corregir además otro problema: la disciplina de partido.

Actualmente la disciplina de partido se impone porque los diputados saben que su reelección depende más de las directivas de los partidos que de los electores. Son los partidos los que elaboran las listas electorales de un modo arbitrario, y son listas cerradas.  Por lo tanto, lo que debemos lograr es que la reelección de un diputado dependa de los electores y no de los partidos.

Creo que esto se puede lograr con otras dos reformas. En primer lugar con listas abiertas, de forma que los electores puedan no elegir a un candidato sin tener que renunciar a votar al partido. En las últimas elecciones, en Orense, apareció un número significativo de papeletas del PP con el nombre de Baltar tachado. No se puede decir más claro. En segundo lugar, haciendo obligatorio para los partidos elaborar las listas electorales por medios estrictamente democráticos. Puede ser, por ejemplo, mediante las famosas elecciones primarias, pero para todos los candidatos, y no solo para el cabeza de lista. De este modo la reelección de un diputado depende primero de los militantes (no de las directivas) y después del conjunto de electores que votan al partido. Tendrán entonces menos incentivos para acatar ciegamente las órdenes del partido y más intrés en responder a lo que los ciudadanos esperan de ellos.

Por último, también es necesario que todos los partidos tengan las mismas oportunidades reales en las elecciones. O por lo menos impedir que el Estado favorezca a unos en detrimento de otros. Hoy día los está favoreciendo de dos maneras.

Una es que en los medios de comunicación de titularidad pública se asigna tiempo y espacio durante las campañas en función de su representación parlamentaria, con lo que claramente tienen más posibilidades de difundir su mensaje los partidos mayoritarios. Por si fuera poco, se pretende obligar a acatar este sistema también a los medios privados.

La otra manera es la financiación, ya que el Estado subvenciona a los partidos que obtienen representación en función de los votos obtenidos y de los escaños conseguidos; además, adelanta parte de ese dinero en función de los resultados anteriores, con lo que los partidos mayoritarios tienen más medios de llegar a un mayor número de personas.

Es necesario por tanto que los medios de difusión públicos estén abiertos a todos los partidos con equidad, y que el Estado deje de financiar a los partidos.

Publicado originalmente en facebook

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Reflexiones sobre la democracia

Pasadas unas elecciones y con miles de personas en la calle reclamando democracia real ya, parece el momento de reflexionar sobre nuestra democracia. Hay muchas cuestiones para reflexionar, pero la primera quizá sea la representatividad de las instituciones, en concreto las Cortes. Cuando se redactó la Constitución de 1978 una de las cuestiones que más preocupaban era la estabilidad, por lo que se diseñó un sistema que favoreciese claramente las mayorías. Era una preocupación lógica entonces, pero tres décadas después creo que es hora de una revisión. Hace tiempo que pienso en eso, el clima que se está viviendo me anima a exponeros mi punto de vista. No soy experto en teoría política ni en Derecho Constitucional, así que si digo una estupidez, tenéis mi permiso para llamarme estúpido. Pero iniciar el debate es empezar a cambiar las cosas. Ya sé que no voy a empezar ninguna revolución, en el mejor de los casos llegaré a un puñado de personas; pero, en fin, una mariposa mueve las alas...

Tememos un sistema bicameral, en el que el Congreso es la cámara de representación popular y el Senado la de representación territorial. Este planteamiento me parece correcto, no estoy de acuerdo con quienes proponen la supresión del Senado porque lo consideran inútil. Las diferentes regiones no tienen siempre las mismas características y problemas ni, consecuentemente, los mismos intereses. Si suprimimos el Senado, los intereses de las regiones más pobladas se verían favorecidos en perjuicio de las menos pobladas, dado que tendrían más peso en la única cámara. Para evitar eso existe el Senado, lo que debemos hacer es dotarlo de verdadera utilidad. Concretamente modificando el artículo 90.2, que es el que hace que, en la práctica, el Congreso pueda legislar por sí solo.

En segundo lugar está la representatividad de las cámaras. Es sabido que nuestro sistema electoral no es proporcional. Favorece a los partidos mayoritarios en detrimento, sobre todo, de los que son minoritarios pero tienen implantación en todo el territorio, lo que hace que la composición de las cámaras no refleje la realidad de la sociedad. Hoy por hoy, el caso más drástico creo que es el de IU, que con un 3,8% de los votos tiene dos diputados en el Congreso, en lugar de los 13 que le corresponderían en un sistema estrictamente proporcional.

Hay tres factores que desvían el reparto de la proporcionalidad. El primero y más influyente es el sistema de circunscripciones electorales. Es sencillo entender por qué. El 3,8% de 350 es 13, el número de diputados que debería tener IU. Pero si en una provincia se eligen, por ejemplo, 7 diputados, el 3,8% de 7 es 0,27, lo que equivale a no conseguir ningún diputado. Eso quiere decir que un partido minoritario solo puede conseguir diputados en las provincias grandes o en las pocas en que tenga mayoría, los votos que recibe en las demás van a parar a los partidos mayoritarios, lo que no parece muy democrático.

Este efecto se ve agravado por el segundo factor, el reparto por el sistema d'Hondt. Este método no sigue un criterio estrictamente proporcional en el que a un porcentaje de votos le corresponda igual porcentaje de escaños. No voy a explicar aquí en qué consiste, simplemente anotar que aunque no produce desviaciones muy grandes, tiende a favorecer las mayorías, potenciando el efecto de las circunscripciones.

El tercer factor es que se exige un mínimo del 3% de los votos para tener representación parlamentaria. Los votos recibidos por los partidos que no alcanzan ese mínimo se pierden. Es de destacar que el 3% de 350 son entre 10 y 11 diputados, y el 3% del censo electoral es más de un millón de personas. No es baladí.

Dicho esto, imaginaréis cuál sería mi propuesta para las elecciones al Congreso: circunscripción electoral única, supresión del límite del 3% y sustitución del sistema d'Hondt por otro más proporcional.

En cuanto al Senado, hay que admitir que la organización territorial ya no se configura, si es que alguna vez fue así, en torno a la provincia, sino en torno a la comunidad autónoma. Por eso y para evitar el mismo efecto de desviación que se produce en el Congreso, la circunscripción debería ser la comunidad autónoma. Dado que es una cámara de representación territorial, el número de senadores por comunidad debería ser idéntico para todas ellas, con independencia de su población. Diez o doce senadores por comunidad me parece adecuado.

Es obvio que este sistema llevaría a unas cámaras más fragmentadas y por lo tanto a una mayor dificultad para llegar a acuerdos; pero también, sin duda, más democráticas y plurales. Los políticos insisten y seguirán insistiendo en la "gobernabilidad", pero eso solo es un eufemismo para disfrazar su incapacidad para el diálogo. Forzarlos a llegar a acuerdos es forzarlos a dialogar y debatir. El riesgo, lo admito, es que en lugar de debate se produzca un mercadeo de votos. ¿Pero qué tenemos ahora? Si un partido logra la mayoría absoluta legisla a su antojo sin ningún diálogo, y si ninguno la logra no evitamos el mercadeo.

Por supuesto, mi criterio en las elecciones autonómicas, respetando el derecho de cada una de ellas a decidir su propio sistema, sería el mismo.

Me dejo cuestiones como las listas abiertas, la responsabilidad de los políticos, la participación directa... La nota ya es suficientemente larga, y tampoco voy a pretender que haya pensado en todo.


Publicado originalmente en facebook el 23/05/2011

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Falacias del neoliberalismo (y IV): el fracaso del Estado de bienestar

Esta es la última nota que escribo sobre el tema del neoliberalismo y la economía de mercado. Doy con ella por cumplido lo que prometí, y probablemente ya me he excedido.

 A raíz de la crisis actual, los neoliberales, siempre atentos a la menor ocasión, afirman y pretenden hacernos creer que el Estado de bienestar que tan poco les conviene, ha fracasado. Para demostrarlo aducen los problemas de las naciones europeas para hacer frente al desempleo, la deuda, el déficit público, etc. ¡Como si las naciones más puramente capitalistas no tuviesen los mismos problemas! Pero es que además la crisis, lejos de demostrar el fracaso del Estado de bienestar, demuestra su éxito. Es el capitalismo salvaje lo que ha fracasado.

Aunque todos lo sepamos ya, conviene recordar que el origen de la crisis no estuvo en la regulación de los mercados, sino precisamente en la falta de ella. Los conocidos fallos del sistema de libre mercado, unidos a la falta de regulación y a la codicia y falta de escrúpulos de cierto tipo de "emprendedores" originaron sucesivamente la ya olvidada burbuja tecnológica, la burbuja inmobiliaria y la vergüenza de los bonos basura, estos últimos convenientemente avalados (no lo olvidemos) por las arbitrarias agencias de calificación creadas por el mismo sistema. Los problemas que esto ha creado no hace falta ni resumirlos: los padecemos todos.

Lo extravagante es que quieran hacernos creer que el problema es de los Estados y que la solución la tienen ellos, que lo que hace falta es reducir más la regulación de los mercados, recortar derechos sociales, etc. ¡Su solución es profundizar aún más en las causas del problema!

Digo que la crisis demuestra el éxito del Estado de bienestar. ¿Por qué? Porque son sus mecanismos los que están paliando los efectos de los excesos capitalistas, que de otro modo serían devastadores. Solo tenemos que imaginar en qué situación estaríamos sin sistemas de previsión social, protección por desempleo, asistencia sanitaria universal y, en resumen, un sistema de redistribución de la riqueza. No hay que imaginar mucho, la situación sería similar a la que Europa vivió en los años treinta del siglo pasado: conflictividad social, huelgas generales revolucionarias, pistolerismo, revoluciones y ascenso de los extremismos políticos. En el peor de los casos, fascismo o sus variantes, totalitarismo comunista y, sin ninguna duda, enormes bolsas de miseria.

Tal vez parezca que exagero, quizá sí; pero los que vamos peinando alguna cana podemos recordar cómo fueron los años ochenta, lo que ocurrió con el sector naval en Ferrol, Cádiz o Cartagena , la minería en Asturias, los camiones de fruta volcada en la frontera... Y ya hemos superado la tasa de desempleo de entonces.

El Estado de binestar y la solidaridad entre naciones, pese a los inevitables reproches y tensiones entre ellas, son lo bastante fuertes como para soportar esta situación y, además, resistir los ataques de los especuladores que no dudan en hundir a un pueblo, un continente o la humanidad entera si con ello ganan unos dólares. No es perfecto, no es la solución a todo, pero es infinitamente mejor que la alternativa que nos quieren vender.

De hecho, el mayor riesgo del Estado de bienestar es que muera de éxito. Nos ha apoltronado de tal manera que asistimos impasibles a los ataques, o más bien el asedio que sin derribarlo lo va minando poco a poco sin que nadie lo defienda. Que es tanto como decir sin defendernos a nosotros mismos.

Publicado originalmente en facebook el 07/05/2011

Falacias del neoliberalismo (III): exigencias de los mercados

Esta nota será breve, porque lo que voy a decir en ella es una verdad de Pero Grullo tan obvia que no necesita explicación. Es más bien un desahogo, mi manera de gritar que por crudo que nos lo pongan, aún sabemos pensar.

Ultimamente se justifican muchas medidas políticas y económicas restrictivas de derechos sociales en que lo exigen los mercados o en que es necesario para tranquilizar a los mercados. Esto ya no es ni siquiera una falacia, es una pura y simple estupidez.

¿Qué es un mercado? Prescindiendo de de la definición obvia de lugar o edificio donde se compra y vende, un mercado es la concurrencia de compradores y vendedores, y las transacciones que realizan entre sí.  De un modo más amplio, el mercado existe por la confluencia de oferta y demanda; sin oferta no hay mercado, pero es aún más obvio que no hay mercado sin demanda. Todos nosotros formamos parte de los mercados, ya sea como productores, como consumidores o como intermediarios.

¿Qué significa entonces que los mercados exigen algo? Yo soy parte del mercado y no he exigido ningún recorte social. ¿Qué significa que hay que tranquilizar a los mercados? Yo soy parte del mercado y no me tranquilizan esas medidas; al contrario, son las que me ponen nervioso. ¿Quién exige entonces estas medidas? No ciertamente los mercados, que no tienen existencia propia independiente de las personas que lo conforman.

Estas medidas no las exigen lo mercados, sino los mercaderes. Y ni siquiera todos, sino una casta de mercachifles sin escrúpulos, amigos de especular con lo ajeno y enemigos de asumir su responsabilidad. Eso es lo que significa la conocida expresión "capitalizar beneficios y socializar pérdidas". Ellos se llevan el dinero y tú pagas las consecuencias.

No puedo hacer gran cosa al respecto, aparte de escribir esta nota; son otros (sí, esos)  los que tienen que exigirles su responsabilidad. Y de paso recordarles que en el pasado, otros como ellos acabaron encontrándose atada al cuello la rueda de molino con la quisieron hacer comulgar al plebeyo.

Publicado originalmente en facebook el 07/05/2011

Falacias del neoliberalismo (II): La eficiencia

Una de las afirmaciones más repetidas de los neoliberales, hasta el punto de que ha llegado a aceptarse sin apenas discusión, es que la gestión privada es más eficiente que la pública. En esta afirmación hay una falacia y una mentira pura y simple.

Es falaz porque se afirma que es más eficiente sin especificar cuál es el criterio de eficiencia. En realidad, tomando como único criterio de eficiencia la rentabilidad económica. O para ser más preciso, el beneficio empresarial. Pero ese no puede ni debe ser el único, ni siquiera el principal criterio en una empresa pública.

Un sistema sanitario público no es más eficiente cuando obtiene beneficios económicos, sino cuando presta una mejor asistencia a un número mayor de personas. Lo mismo cabe decir de un sistema educativo público: es eficiente cuando los estudiantes obtienen una buena formación. Y lo mismo se puede decir de cualquier otro servicio de utilidad pública. Cierto que la gestión de los recursos puede no ser óptima, pero es preferible una cierta ineficiencia en la gestión de los recursos que en la prestación del servicio. Al menos yo prefiero vivir en un país en que el Estado asume esos servicios, financiándolos mediante impuestos y garantizando su universalidad, que en aquellos en que se confían a la iniciativa privada. Si contraigo una enfermedad grave y con tratamiento costoso en España tal vez tenga que soportar listas de espera, pero si la contraigo en Estados Unidos, o soy millonario o voy listo. Tampoco es lícito comparar, por ejemplo, un colegio público con uno privado y afirmar que el privado ofrece mejor educación, porque deja excluidos a los que no se lo pueden permitir. Si la educación se fiase solo al sector privado, habría una élite muy bien formada, pero  la mitad de nosotros seríamos analfabetos. ¿Qué eficiencia es esa?

Digo también que además es mentira. Y es que, aun cuando solo sigamos un criterio económico, no es cierto que la gestión privada sea necesariamente eficiente. Si lo fuese, las empresas no tendrían nunca pérdidas ni quebrarían, no habría sido necesario rescatar a las entidades financieras privadas con fondos públicos, no se habrían destinado grandes sumas de dinero público a sostener empresas privadas del sector del automóvil y la construcción, y no estaríamos ahora en una grave crisis cuyas consecuencias, generadas por el sector privado, están siendo asumidas, y muy gravosamente, por los ineficientes estados.

No justifico con todo esto las deficiencias de administraciones y empresas públicas, solo niego que se corrijan aplicando criterios de gestión privada y mucho menos privatizando. Se corrijen aplicando a cada actividad o faceta de una actividad el criterio de eficiencia que le corresponda. A lo que es económco, criterios económicos; a lo que es social, criterios sociales.


Publicado originalmente en facebook el 07/05/2011

Falacias del neoliberalismo (I): La mano de Adam Smith

Hace unos cuantos días, en un comentario a una de mis propias notas, dije que inicialmente pensaba escribirla sobre el libre mercado pero me distrajo algo que acababa de leer, y que tal vez lo hiciese otro día. La verdad es que me da mucha pereza, pero tiendo a sentirme obligado por lo que digo, aunque a nadie le importe que lo cumpla o no. De modo que cumplo aunque solo sea, como sospecho, conmigo mismo.
La teoría del liberalismo económico clásica sostiene que cuando se deja que los individuos busquen sus propios intereses de modo egoísta, los recursos se asignan de modo más eficiente, obteniendo de ese modo el bien común. Es la famosa "mano invisible" de Adam Smith.

No voy a pretender demostrar rigurosamente que esto es falso, porque carezco de los conocimientos de economía y matemáticas necesarios. Ya lo hicieron John Nash y otros matemáticos cuyos nombres lamento no recordar. Pero hay un conocidísimo ejemplo de la teoría matemática de los juegos que no es difícil de entender: el dilema del prisionero.

Dos delincuentes son detenidos por un delito menor. Se sospecha que también han cometido un delito grave, pero no hay pruebas. Interrogados por separado, se enfrentan a estas alternativas:
a) si ninguno confiesa, ambos son condenados a seis meses por el delito menor.
b) si uno confiesa y el otro no, el que confiesa sale libre y al otro le caen diez años
c) Si ambos confiesan, cumplen cinco años cada uno.

Desde una postura puramente egoísta el razonamiento de cada uno de ellos será el siguiente: si mi compinche se calla, a mí me conviene confesar porque así quedo libre; si por el contrario confiesa, también me conviene confesar a mí, porque me caen cinco años y no diez. Así pues, desde el puro egoísmo ambos confesarían y cumplirían cinco años. Pero es obvio que esa no es la mejor opción ni colectiva ni individualmente.

Así que, como no saben economía, hacen lo que realmente les conviene a ambos: comportarse como buenos hampones, cerrar la jeta y cumplir solo seis meses. Cooperar, y no competir. Y de ese modo no solo escapan del largo brazo de la ley sino, lo que nos importa a nosotros, de la zarpa invisible de Adam Smith.

Por supuesto, este es solo un ejemplo muy sencillo de una teoría matemática comleja; se me objetará, y con razón, que además de ser irreal no tiene nada que ver con la economía. Y es cierto, pero tampoco todas las relaciones que conforman una sociedad son económicas, diga lo que diga Marx. Y en cuanto a la realidad, el liberalismo puro y duro y la teoría del laissez faire ya los experimentamos en los siglos XVIII y XIX. Las consecuencias son de todos conocidas, y no tuvieron nada de irreales.

Publicado originalmente en facebook el 06/05/2011

Crecimiento económico

Nunca entendí la obsesión que los gurús de la economía parecen tener con el crecimiento económico. Nos dicen que el PIB ha bajado una décima como si nos fuera en ello la vida, y que ha subido dos como si todos los pobres fuesen a salir de la miseria. Ganar esas décimas parece haberse convertido en todo el objetivo de cualquier medida económica.

Yo, pobre ignorante, pensaba que el crecimiento económico no era un fin en sí mismo, sino un medio para obtener una mejor calidad de vida. Si no va a mejorar nuestra vida ¿qué importa crecer o no? Pensaba, además que, dado que los recursos del planeta son limitados, es absurdo creer que es posible un crecimiento indefinido.

Mis conocimientos de economía son escasos, se limitan a un par de asignaturas y en una de ellas confieso no haber aprendido nada. Así que he decidido fiarme de los expertos y creer a pies juntillas, con fe inconmovible, que crecimiento es igual a bienestar. Pero resulta que acabo de leer algo de Carlos Taibo, que propugna el decrecimiento, y ahora hay algo que me tiene perplejo.

Taibo pone un ejemplo que yo me tomo la libertad de exagerar. Los indicadores de crecimiento económico, como el PIB, se obtienen sumando la producción y el gasto, salarios, etc.  Supongamos entonces que los accidentes de tráfico en España se duplicasen. Harían falta más desplazamientos de ambulancias y policías, habría más consumo de productos sanitarios y se facturarían más horas de trabajo de médicos. En los talleres mecánicos también se facturarían más horas y se venderían más repuestos. Se fabricarían y venderían más coches nuevos. Por supuesto, se venderían más ataúdes y se facturarían más horas de sepultureros. Es decir, que la economía española crecería.

Y he aquí lo que me tiene perplejo: ¿por qué, para salir de la crisis, Zapatero no ha AUMENTADO el límite de velocidad?

Publicado originalmente en facebook el 01/05/2011

La Segunda República

La Segunda República, de cuya proclamación se cumplen hoy ochenta años, constituye un importante hito en nuestra historia por muchas razones. Sirvió, sobre todo, para acabar con un régimen que había nacido viciado y se había ido pudriendo a lo largo de más de medio siglo. De hecho, fue esa podredumbre la que posibilitó el fácil advenimiento de la República. Y este hecho merece ser conmemorado. Lo que no conviene es deformar la historia, un vicio al que parecemos extrañamente aficionados. El franquismo nos contó su propia historia, en la que solo faltó pintarle a los republicanos cuernos y rabo. Ahora muchos parecen caer en el error inverso y empiezan a pintarles las alas y el halo. Se nos vende (y la compramos) la idea de que la Segunda República fue un modelo de virtudes democráticas que solo fracasó por la perfidia de unos cuantos, y lo siento, pero no fue así.

La Segunda República nació también viciada por el error, tan español, de creer que nuestras razones son tan poderosas que el rival no tendrá más remedio que rendirse a la evidencia y aceptarlas. O por expresarlo con un tópico, un intento más de media España de imponerse a la otra media. Solo así se explica la radicalidad del artículo 26 de la constitución, que convirtió lo que tendría que haber sido un estado laico en un estado manifiestamente anticlerical. Solo así se explica la arrogancia con que el primer gobierno de Azaña tomó medidas polémicas sin tener en cuenta otra opinión que la suya. Solo así se explica que el propio Azaña creyese necesario promulgar, solo siete meses después, una Ley de Defensa de la República que prohibía las críticas a las instituciones, la apología de la monarquía y, de hecho, la libertad de expresión, y que permitía al gobierno, sin intervención judicial, detener y desterrar a quienes hubieran cometido tales delitos. Solo así se explica que cuando las derechas exigieron participar en el gobierno (pretensión legítima, puesto que habían ganado las elecciones) estallase una sublevación. De la izquierda, no lo olvidemos.

Cierto es que hubo un voluntarioso intento de reforma social, especialmente en la educación, pero ni las cortes constituyentes, ni los sucesivos gobiernos hicieron el menor intento de crear una república integradora, en la que todos tuvieran cabida. Por el contrario, en sus actos se manifiesta un ánimo de revancha incompatible con la democracia contra quienes consideraban, no siempre con razón, "enemigos de la república".

La tragedia de la Segunda República es la colosal magnitud de la ocasión perdida. Hombres como Unamuno y Ortega supieron verlo, pero nadie les escuchó. Azaña, Alcalá Zamora, lo reconocerían cuando ya era tarde.

Todo esto no excusa, claro está, el golpe de estado, ni las matanzas de ambos bandos, y mucho menos lo que vino después. Simplemente, la historia es la que es.

Publicado originalmente en facebook el 14/04/2011