El primer artículo de nuestra Constitución dice que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. No creo que sea necesario extenderme sobre lo que es un Estado de Derecho y, aunque tengamos diferencias en cuanto a la forma de articularlo, tampoco sobre lo que es un Estado democrático. ¿Pero qué es un Estado social? El concepto se parece al de Estado de bienestar, pero no es lo mismo. Definirlo es más complicado que entenderlo; de hecho no se me ocurre una definición que sea a la vez escueta y completa. Y es que el Estado social es un principio, más que una forma de Estado concreta.
La teoría del Estado liberal es la del Estado mínimo, que debe limitarse a garantizar la libertad de los individuos y la propiedad, sin intervenir en la economía ni preocuparse por la suerte de los individuos concretos. En el extremo opuesto se encuentra el estado socialista, que dirige totalmente la economía buscando un igualitarismo incompatible con la libertad.
El principio del Estado social no renuncia a la economía de mercado, pero considera que el Estado debe regularla para buscar el desarrollo de la sociedad en su conjunto, evitando las desigualdades injustas y los abusos, y protegiendo a los desfavorecidos. Sus manifestaciones son las que normalmente llamamos Estado de bienestar: asistencia sanitaria, pensiones de jubilación e invalidez, educación pública, etc.
Así pues, cuando la Constitución dice que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, no es solo una palabra, es una declaración de principios. Y se repite y desarrolla a lo largo de todo el texto, incluido el preámbulo en el que se dice:
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.
Y a lo largo del articulado se desarrollan las formas concretas en que debe manifestarse el Estado social. Se establece que la educación básica es obligatoria y gratuita, que todos contribuirán al sostenimiento del gasto púlico según su capacidad y según un sistema tributario progresivo, que el contenido social del derecho a la propiedad limitará su contenido, se reconoce la libertad de empresa de acuerdo con las exigencias de la economía general, se asegura la protección social, jurídica y económica de la familia, se establece que los poderes públicos promoverán el progreso social y económico y una distribución de la renta más equitativa, que la política se orientará al pleno empleo, que se mantendrá un régimen público de seguridad social, que compete a los poderes públicos tutelar la salud pública, y que todos tienen derecho a la cultura.
Yo creo en ese principio. Por eso me preocupa la deriva neoliberal que está tomando la economía nacional e internacional, y que los políticos que deberían defenderlo se plieguen a las exigencias de los causantes de la crisis. Y por eso me quedé seriamente preocupado cuando hace unos días oí decir al Sr. Mariano Rajoy "tendremos el Estado de bienestar que nos podamos permitir". Me temo que el Sr. Rajoy no haya entendido que el Estado de bienestar no surge de la caridad, sino de un principio constitucional y que, si gana las próximas elecciones, su obligación será gobernar según ese principio.
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