Sobre el sistema educativo

Acabo de leer el Real Decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que se publicó el sábado. Una lectura somera y sin entrar en detalles porque, habiendo dejado el sistema educativo hace ya unos cuantos años, no conozco bien su actual estructura y funcionamiento y en consecuencia no me veo en condiciones de valorar correctamente los cambios. Pero creo que sí puedo hacer algún comentario sobre cuestiones que me han resultado llamativas y, de paso, servirme de la excusa del Real Decreto para compartir alguna reflexión personal sobre la educación.

Uno de los aspectos más comentados es el incremento de las tasas de matrícula en las enseñanzas universitarias, que aumentan en la segunda y sucesivas matrículas. La justificación ofrecida por no recuerdo qué ministro fue, aunque no con estas palabras textuales, que así se penaliza a los estudiantes que se lo toman con excesiva calma. Dejo aparte que no todas las titulaciones, ni todas las materias de cada titulación son iguales; esto se recoge, aunque de forma vaga, en el Real Decreto al autorizar al Gobierno a modificar los precios "antendiendo a la singularidad de determinadas titulaciones". No me parece mal que se penalice al estudiante que, como dice el ministro, se lo tome con demasiada calma. Ahora bien, si se hace mediante el incremento de tasas hay una pega, porque no se penaliza igual a todos, unos podrán permitirse la cuarta y la quinta matrícula y otros no podrán permitirse la segunda. La capacidad económica no debería suponer diferencias en las oportunidades. Por otra parte, la exposición de motivos ofrece otra explicación al decir que los precios se modifican "para aproximar gradualmente su cuantía a los costes de prestación del servicio". O yo lo interpreto mal, o contradice al ministro y el cambio tiene una finalidad puramente económica.

Otro punto llamativo para mí está en el artículo primero, que establece que el objeto de la norma es racionalizar el gasto en educación "de conformidad con los principios de eficiencia y austeridad que deben presidir el funcionamiento de los servicios públicos". Corríjanme los expertos si me equivoco, pero el tal principio de austeridad no está recogido en nuestro ordenamiento jurídico. Desde luego nuestra Constitución no lo recoge. Existe un principio de economía aplicable a la Administración del Estado, que no es en absoluto lo mismo que un inexistente principio de austeridad aplicable a los servicios públicos.

Por último, una tercera cuestión llamativa es que una reforma de sistema educativo se acometa mediante decreto-ley. El derecho a la educación está recogido en el artículo 27 de la Constitución como un derecho fundamental y por tanto su desarrollo debe hacerse por ley orgánica. La Constitución dice en su artículo 86 que los Decretos-leyes "no podrán afectar [...] a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I". Bien es verdad que una ley orgánica puede tener contenido no orgánico, y según la exposición de motivos "se ha salvaguardado el contenido esencial del derecho a la educación [...] no se acomete la modificación de ningún precepto legal que se encuentra expresamente calificado como orgánico". Si el Gobierno lo dice será porque es cierto, pero a mí ese expresamente no me parece suficiente ¿Qué es exactamente el contenido esencial del derecho? Será constitucional, pero no me parece correcto.

Mención aparte merece que se incluya en este Real Decreto-ley, como quien no quiere la cosa, una disposición adicional segunda que modifica el Impuesto sobre Sociedades. Admito que no tengo ni idea de si el cambio es bueno, malo o indiferente. Simplemente me disgusta que nos lo cuelen de rondón en esta norma sabiendo que la polémica no se centrará ahí.

Dejando ya el Decreto, paso a una reflexión más general. Hace ya bastante tiempo que se critica nuestro sistema educativo, especialmente en el nivel universitario, porque no se adapta al mercado laboral. Probablemente sea cierto, pero cada vez que escucho esa crítica aparece mi diablillo y pregunta por qué tendría que adaptarse. Me explico. No es que me parezca mal que la educación se adapte al mercado de trabajo, al contrario, es perfectamente razonable en la formación profesional y hasta cierto punto en la universitaria. El problema es que parece que ese fuera su único objetivo, como si los centros educativos fueran meras fábricas de empleados "listos para llevar" ¿Qué hay de la formación de ciudadanos cultos, libres e independientes? ¿Y por qué la educación pública habría de responder a las necesidades de un mercado, aunque sea el de trabajo, antes que a la cultura de la sociedad? Ni tantos ni tan calvos, preparemos a los chicos para su vida profesional, pero no solo para eso. Las personas no se reducen a su trabajo, preparémoslos también para su vida intelectual y moral.

Y termino, que ya me voy haciendo prolijo, con una anécdota personal. Hace uno o dos años acudí a mi universidad a informarme sobre la posibilidad de completar mis estudios con un título de grado, y me encontré con dos sorpresas. La primera fue que, debido a la adaptación al plan Bolonia, la asistencia a las clases era inexcusable. La segunda que, por razones de coste económico, se había suprimido el turno de tarde en el que yo había cursado mis estudios. La consecuencia de ambas es que ahora me resulta imposible compaginar los estudios con mi trabajo. No pretendo sacar de ello ninguna conclusión general, es solo una pequeña historia personal que comparto con vosotros con la excusa de un Real Decreto.