¿Tenemos sistema financiero?

Es esta una pregunta que cada vez me hago más a menudo. Ya no me pregunto si nuestro sistema financiero es el más adecuado o cuáles son sus defectos sino, sencillamente, si lo tenemos. Y no me refiero solamente a España sino al mundo entero. Los que ignoramos las complejidades de la economía pero creemos tener algo de sentido común siempre hemos pensado que un sistema financiero sirve para lo que su nombre indica: financiar. Se supone que capta el ahorro y lo traslada a las actividades productivas, haciendo que el dinero inmóvil circule y sirva para generar riqueza.

Hasta aquí todo bien, es una actividad útil. ¿Pero qué es lo que financian actualmente los bancos y otras entidades? Nada. Ahora tan solo especulan con los propios productos financieros, a menudo creados por el propio sistema y con el único fin de generar beneficios para quienes lo manejan. Y no solamente no financian nada sino que, en el colmo del disparate, necesitan ser financiados. Para evitar que el castillo de naipes que se construyeron se viniera abajo, los gobiernos les han entregado cantidades escandalosas de dinero que se detrae de la economía real. ¿Y para qué lo utilizan? Para especular con la deuda de los mismos países que se endeudaron para salvarlos. Los gobiernos les prestan dinero a tipos del 1% que utilizan para comprar deuda de esos mismos países a tipos del 4% o más.

El sistema financiero hace ya tiempo que dejó de serlo. Se ha puesto de moda la expresión economía de casino, y me parece acertada porque eso es exactamente lo que es: un gigantesco casino en el que los jugadores se dedican a hacer apuestas. Con dos peculiaridades muy notables, y es que en este casino los jugadores son también banca y croupiers, y que las fichas que apuestan son nuestras.

¿Cómo se ha llegado a esto? Habría mucho que decir, pero la respuesta breve es que nos ha conducido a esto la desregulación de los mercados financieros iniciada en los años ochenta. Esto ha propiciado la generación de una burbuja gigantesca sin base real, las transacciones financieras son varias decenas de veces mayores que el PIB del plantea. Y ha propiciado también unas prácticas abusivas, de más que dudosa moralidad pero legales.

Imaginad que yo intentase vender, pongamos por caso, una casa que no poseo. A buen seguro me detendrían por estafador. Pues en el mundo financiero esto no está prohibido y es, de hecho, práctica habitual. Incluso tiene un nombre: venta al descubierto. Un especulador vende un valor que en realidad no tiene, digamos acciones de una empresa, que espera que bajen de precio, luego lo compra a precio inferior y se embolsa la diferencia. Y si en lugar de limitarnos a esperar que baje el precio podemos forzarlo, mejor. Por ejemplo sembrando dudas sobre la solvencia o viabilidad de la empresa. Varios estados europeos han sido objeto de este tipo de "ataques", a los que no han sido ajenas las agencias de calificación.

Otra cuestión importante es la fiscalidad de las operaciones financieras. Los ciudadanos y las empresas pagamos unos impuestos directos sobre nuestras rentas, y además unos impuestos indirectos que pagamos cuando utilizamos esas rentas. Por ejemplo, el IVA que pagamos al comprar una simple barra de pan. Las rentas derivadas de operaciones financieras también pagan, si es que no se domicilian en un paraíso fiscal, impuestos directos, pero ningún impuesto indirecto, lo que también contribuye a la facilidad con que se realizan estas operaciones.

Como yo lo veo, tenemos tres tipos de respuesta a este problema. Una, la radical, es dejar que el sistema financiero se desmorone, puesto que ha dejado de ser una herramienta útil para convertirse en una pesada carga. A esto no se puede objetar que las empresas no tendrían crédito, porque ya no lo tienen. El sistema ya no canaliza el dinero, lo absorbe concentrándolo en unas pocas manos, no demasiado limpias. Sin embargo a mí no me gustan los saltos al vacío.

La segunda respuesta es volver a encauzar el sistema para que vuelva a cumplir su función. Para eso son necesarias, a mi juicio, tres tipos de medidas.

1. Que los gobiernos dejen de prestar dinero a los bancos o lo hagan a tipos mayores y, en todo caso, vinculando estos préstamos a la concesión de créditos a la economía productiva.

2. Volver a regular el mercado financiero prohibiendo las prácticas manifiestamente abusivas o que no se permitirían en la economía real.

3. Gravar con impuestos indirectos las transacciones financieras, estableciendo la llamada tasa Tobin.

La tercera respuesta es que el dinero que los gobiernos prestan a los bancos, se supone que con la finalidad de hacer fluir el crédito a las empresas, se lo presten directamente a éstas. En otras palabras, crear una banca pública que, en el caso español, podría constituirse a partir de las cajas de ahorro y el Instituto de Crédito Oficial.

Probablemente la verdadera respuesta esté en una combinación de todas estas líneas de actuación junto con otras que me dejo en el tintero, como la imprescindible reforma del sistema fiscal y del Banco Central Europeo, además de la democratización de los organismos internacionales. Lo cierto es que es poco lo que un país como España puede hacer por sí solo, aunque algo podría hacerse. Afortunadamente parece que algo empieza a moverse en ámbitos internacionales.

El resumen de todo esto es que la economía financiera tiene que volver a estar al servicio de la productiva, y no al revés. Y la economía de cualquier tipo al servicio de las personas. De todas las personas.

Sobre el sistema educativo

Acabo de leer el Real Decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que se publicó el sábado. Una lectura somera y sin entrar en detalles porque, habiendo dejado el sistema educativo hace ya unos cuantos años, no conozco bien su actual estructura y funcionamiento y en consecuencia no me veo en condiciones de valorar correctamente los cambios. Pero creo que sí puedo hacer algún comentario sobre cuestiones que me han resultado llamativas y, de paso, servirme de la excusa del Real Decreto para compartir alguna reflexión personal sobre la educación.

Uno de los aspectos más comentados es el incremento de las tasas de matrícula en las enseñanzas universitarias, que aumentan en la segunda y sucesivas matrículas. La justificación ofrecida por no recuerdo qué ministro fue, aunque no con estas palabras textuales, que así se penaliza a los estudiantes que se lo toman con excesiva calma. Dejo aparte que no todas las titulaciones, ni todas las materias de cada titulación son iguales; esto se recoge, aunque de forma vaga, en el Real Decreto al autorizar al Gobierno a modificar los precios "antendiendo a la singularidad de determinadas titulaciones". No me parece mal que se penalice al estudiante que, como dice el ministro, se lo tome con demasiada calma. Ahora bien, si se hace mediante el incremento de tasas hay una pega, porque no se penaliza igual a todos, unos podrán permitirse la cuarta y la quinta matrícula y otros no podrán permitirse la segunda. La capacidad económica no debería suponer diferencias en las oportunidades. Por otra parte, la exposición de motivos ofrece otra explicación al decir que los precios se modifican "para aproximar gradualmente su cuantía a los costes de prestación del servicio". O yo lo interpreto mal, o contradice al ministro y el cambio tiene una finalidad puramente económica.

Otro punto llamativo para mí está en el artículo primero, que establece que el objeto de la norma es racionalizar el gasto en educación "de conformidad con los principios de eficiencia y austeridad que deben presidir el funcionamiento de los servicios públicos". Corríjanme los expertos si me equivoco, pero el tal principio de austeridad no está recogido en nuestro ordenamiento jurídico. Desde luego nuestra Constitución no lo recoge. Existe un principio de economía aplicable a la Administración del Estado, que no es en absoluto lo mismo que un inexistente principio de austeridad aplicable a los servicios públicos.

Por último, una tercera cuestión llamativa es que una reforma de sistema educativo se acometa mediante decreto-ley. El derecho a la educación está recogido en el artículo 27 de la Constitución como un derecho fundamental y por tanto su desarrollo debe hacerse por ley orgánica. La Constitución dice en su artículo 86 que los Decretos-leyes "no podrán afectar [...] a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I". Bien es verdad que una ley orgánica puede tener contenido no orgánico, y según la exposición de motivos "se ha salvaguardado el contenido esencial del derecho a la educación [...] no se acomete la modificación de ningún precepto legal que se encuentra expresamente calificado como orgánico". Si el Gobierno lo dice será porque es cierto, pero a mí ese expresamente no me parece suficiente ¿Qué es exactamente el contenido esencial del derecho? Será constitucional, pero no me parece correcto.

Mención aparte merece que se incluya en este Real Decreto-ley, como quien no quiere la cosa, una disposición adicional segunda que modifica el Impuesto sobre Sociedades. Admito que no tengo ni idea de si el cambio es bueno, malo o indiferente. Simplemente me disgusta que nos lo cuelen de rondón en esta norma sabiendo que la polémica no se centrará ahí.

Dejando ya el Decreto, paso a una reflexión más general. Hace ya bastante tiempo que se critica nuestro sistema educativo, especialmente en el nivel universitario, porque no se adapta al mercado laboral. Probablemente sea cierto, pero cada vez que escucho esa crítica aparece mi diablillo y pregunta por qué tendría que adaptarse. Me explico. No es que me parezca mal que la educación se adapte al mercado de trabajo, al contrario, es perfectamente razonable en la formación profesional y hasta cierto punto en la universitaria. El problema es que parece que ese fuera su único objetivo, como si los centros educativos fueran meras fábricas de empleados "listos para llevar" ¿Qué hay de la formación de ciudadanos cultos, libres e independientes? ¿Y por qué la educación pública habría de responder a las necesidades de un mercado, aunque sea el de trabajo, antes que a la cultura de la sociedad? Ni tantos ni tan calvos, preparemos a los chicos para su vida profesional, pero no solo para eso. Las personas no se reducen a su trabajo, preparémoslos también para su vida intelectual y moral.

Y termino, que ya me voy haciendo prolijo, con una anécdota personal. Hace uno o dos años acudí a mi universidad a informarme sobre la posibilidad de completar mis estudios con un título de grado, y me encontré con dos sorpresas. La primera fue que, debido a la adaptación al plan Bolonia, la asistencia a las clases era inexcusable. La segunda que, por razones de coste económico, se había suprimido el turno de tarde en el que yo había cursado mis estudios. La consecuencia de ambas es que ahora me resulta imposible compaginar los estudios con mi trabajo. No pretendo sacar de ello ninguna conclusión general, es solo una pequeña historia personal que comparto con vosotros con la excusa de un Real Decreto.

El espíritu de la ley

Quien firma un contrato está obligado a cumplirlo. Es el argumento de algunas personas que justifican los abusos que las entidades financieras han cometido con  muchos de sus clientes en cuestiones como los créditos hipotecarios o las inversiones financieras. La cosa llega a la náusea cuando nos enteramos de que se vendieron productos financieros de gran complejidad, en los que ahora se ven atrapados, a personas que hubieron de firmar con la huella dactilar por no saber leer. Y aún así sigue habiendo personas que creen que eso no importa, porque firmaron libremente. En mi humilde opinión, quienes así piensan olvidan que las leyes existen para proteger al débil, y que su espíritu es más importante que la letra.

Cuando la aplicación de la letra de la ley repugna al sentido de la justicia es que algo va mal. Yo no soy experto ni profesional del Derecho, así que ignoro cuáles son las normas aplicables a estos casos y qué es lo que dicen, pero voy a copiar aquí algunos artículos de nuestros Códigos Civil y Penal. Es probable que ninguno de ellos sea aplicable a estos casos, pero no me importa porque no pretendo darles una solución que no tengo. Solo me interesa el espíritu que se desprende de estos artículos.

Del Código Civil

Artículo 3. 1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.

Artículo 7. 1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.

2. La ley no ampara el abuso del derecho o el uso antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

Artículo 1265. Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.

Artículo 1269. Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho.

Artículo 1281. Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas.

Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.

Artículo 1288. La interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad.

Del Código Penal

Artículo 248. 1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

El diablillo en mi oreja

Dicen los próceres de la patria que los recortes del gasto público son necesarios, incluidos los recortes en sanidad y educación aunque habían prometido por activa y por pasiva no recortar en esas áreas. Dicen que se hacen necesarios por la herencia recibida, que ellos no pudieron ni siquiera intuir en ocho años en el Congreso de los Diputados. Eso dicen los próceres de la patria, y yo me esfuerzo mucho por creerlos, lo juro. Después de todo los hemos elegido porque son sabios y capaces ¿no? El problema es mi carácter. Me esfuerzo por creer pero, como en las películas de dibujos animados, siempre acaba apareciendo un pequeño diablillo en mi oreja, normalmente la izquierda, haciéndome preguntas.

Dice el señor Montoro que no hay amnistía fiscal, que se aplica un gravamen del 10%. Y aparece el diablillo preguntando ¿pero el tipo del impuesto de sociedades no es el 30%? Yo lo ignoro, pero sigue ¿si tú no pagas tus impuestos no te aplican un recargo y una sanción? Vete, diablillo, el señor Montoro vela por el interés de los ciudadanos.

Dice otro ministro que la sanidad española es ineficiente y económicamente insostenible. Habrá que hacer sacrificios, me digo. Y aparece el diablillo ¿si es ineficiente por qué vienen ciudadanos de los países más eficientes para ser atendidos aquí? Quita, quita, le digo, todo el mundo sabe que no podemos mantener la sanidad porque abusamos de ella. Pero el diablillo es pertinaz ¿cómo no vamos a poder pagarla si es de las más baratas del mundo, si nuestro gasto en porcentaje del PIB y nuestro gasto por habitante son de los más bajos de Europa?

No se puede pagar la sanidad porque no hay dinero, dice algún otro prócer. El diablillo ya no me da tiempo ni de creérmelo ¿no habría dinero si las empresas pagasen sus impuestos? Te pillé, le digo, tú mismo has dicho que el impuesto de sociedades es del 30%. Je, je, se ríe él ¿y si el tipo es el 30% cómo es que solo pagan el 10%? Es que dicen los que saben que si se les cobra más se llevan las empresas a otro sitio, contesto, pero no se rinde ¿y como hacen en Francia y Alemania para que no se vayan si les cobran más impuestos que nosotros?

La verdad es que últimamente el diablillo aparece tan a menudo que está empezando a hacerse una casita en mi hombro. Dice que pasa más tiempo en él que en su rinconcito del infierno y que tiene frío, así que me ha pedido permiso para poner calefacción y traerse una diablilla. Ya me la ha presentado y parece simpática, el problema es que no para de preguntar ¿si cada uno pagase los impuestos que tiene que pagar y se recaudase lo que no se recauda, no serían perfectamente sostenibles la sanidad y la educación?

La derecha razonable

Después de mi pequeño desahogo del miércoles pasado, cuando publiqué El alumno pelota, me recomendaron la lectura de seis artículos publicados en el diario Expansión por Fernando del Pino Calvo-Sotelo. Podéis leerlos aquí, merece la pena.

No voy a comentar, al menos hoy, cada uno de estos artículos. Si los leéis y leéis lo que yo publico no hará falta que os diga que estoy en profundo desacuerdo con algunas de las opiniones que expresa, en particular en el último. Pero tan importante como aquello en que estamos en desacuerdo es aquello en que coincidimos, que no es poco. Incluso diría que es mucho, tanto que algunos párrafos de estos artículos podría haberlos escrito yo, y en algunos casos lo he hecho. Valga como ejemplo este fragmento:

Los partidos deben cumplir con la exigencia democrática que marca la propia Constitución. Para ello, el camino es abrir sus listas, permitir que sus afiliados voten directamente a los candidatos, eliminar la disciplina de voto, limitar la duración de los mandatos para evitar perpetuaciones en el poder (o en la oposición) y reformar profundamente su financiación, eliminando la aportación pública.

Compárese con lo que yo había escrito poco antes en Más reflexiones sobre la democracia, de donde copio estos fragmentos:

En primer lugar con listas abiertas, de forma que los electores puedan no elegir a un candidato sin tener que renunciar a votar al partido. [...] En segundo lugar, haciendo obligatorio para los partidos elaborar las listas electorales por medios estrictamente democráticos. [...] Es necesario por tanto que los medios de difusión públicos estén abiertos a todos los partidos con equidad, y que el Estado deje de financiar a los partidos.

Sigo sin tener muy claro que exista una derecha con la que se pueda dialogar, al menos dentro del Partido Popular, porque acostumbran a ser muy reacios al diálogo. Su discurso y sus actos tanto en la oposición como en el gobierno lo demuestran. Pero estos seis artículos también demuestran que con menos interés partidista y mejor voluntad podríamos ponernos de acuerdo en muchas cosas.

Necesitamos urgentemente ese acuerdo.

Un artículo de Cristóbal Montoro

Sigo con la lectura, sin ningún orden, del libro del que hablaba ayer, La España que necesitamos. He leído un artículo de Joaquín Leguina, que se ofrece como introducción a uno de los capítulos. Es tan breve como certero, aunque no comparta plenamente sus conclusiones. Está disponible en Internet: No hay soluciones mágicas. En esta página, por cierto, están también disponibles otros artículos del libro, no sé si todos. Le sigue un artículo de Soraya Sáenz de Santamaría al que, por su interés, tengo intención de dedicar una entrada en exclusiva. En diferente capítulo, dedicado al Estado de bienestar, se inserta un buen artículo de Jesús Caldera, igualmente disponible en la misma página Una década para construir una triple sostenibilidad. Tampoco lo comentaré, aunque su lectura merece la pena y os la aconsejo. En ese mismo capítulo se incluye un breve artículo del actual Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, titulado La crisis del Estado de bienestar, que es el que hoy comento.

Lamento decir que lo primero y lo que más ha llamado mi atención es su falta de estructura y su deficiente redacción. En realidad, más que un artículo meditado y destinado a la publicación me ha causado la impresión de un borrador pergeñado a toda prisa. No es que espere del Ministro un alarde de estilo literario, pero estoy seguro de que habría sido capaz de algo mejor de habérselo propuesto. Tampoco lo mencionaría de no ser porque esa mala calidad literaria y, sobre todo, la falta de un hilo argumental dificultan comentar con coherencia sus ideas centrales.

En primer lugar, el señor Montoro parece entender por Estado de bienestar la mera intervención del Estado en la economía, obedeciendo a dos motivos: garantizar rentas y ofrecer bienes y servicios. Sobre el primero de esos motivos dice que se dirige a grupos sociales que no pueden mantener su nivel adquisitivo, y sobre el segundo matiza aunque esos bienes y servicios no puedan ser provistos exclusivamente por el Estado por las razones de ineficacia e ineficiencia que tienen ciertos gobiernos.

Es ésta una visión del Estado de bienestar que yo no comparto en absoluto. Más aún, ni siquiera me gusta la expresión "Estado de bienestar" y prefiero la recogida en el artículo primero de nuestra Constitución: "Estado social". Es un principio que va mucho más allá de la mera intervención en la economía, al contrario de la definición del señor Montoro, en la que podría caber el comunismo estalinista. La función de un Estado social no es sólo garantizar rentas, eso es caridad; el Estado social debe garantizar una distribución justa, como también se recoge en la Constitución. En cuanto a la supuesta eficacia o ineficacia de los sectores privado y público, me remito a una de las entradas más antiguas de este blog: Falacias del neoliberalismo (II): La eficiencia. Abunda el autor en esta idea cuando dice que el sistema público de pensiones no deja desarrollarse el privado, lo que afirma sin demostración que sería muy positivo, o cuando califica nuestro sistema sanitario de "exagerado". Quiero anotar, por parecerme especialmente incoherente, esta frase textual:

El desafío de ese Estado de Bienestar es que hay una pugna por la que la formación política se consagra como defensora nata del Estado de Bienestar

La anoto como ejemplo de la mala redacción de que hablaba antes. Si alguien puede desentrañar su significado le agradeceré que me lo explique. Yo llevo un día entero dándole vueltas sin entender lo que quiere decir.

A continuación pasa a considerar el sistema de pensiones y su financiación. Afirma en este punto que estamos cotizando para generar el derecho a nuestra pensión y que el trabajador solo paga una cuarta parte de la cotización que asume el empleador. A esto lo llama un impuesto sobre el empleo. La primera afirmación es cierta solo a medias porque nuestro sistema de pensiones es de reparto, no de capitalización. Es verdad que generamos derechos con nuestras cotizaciones, pero el sistema no es tan simple y don Joaquín es consciente de ello, puesto que más adelante afirma que nuestras pensiones están garantizadas sobre el Estado, no sobre nosotros. La segunda afirmación, que el empleador asume la mayor parte de las cotizaciones, es no tener claro qué es la cotización social y quién la paga. Las cotizaciones son una forma de salario diferido. La paga el empleador, sí, pero a cambio del trabajo del empleado, exactamente igual que el resto del salario; no es ningún impuesto, es parte de la retribución que el empleado se gana con su trabajo. Cuando se habla de reducir cotizaciones (un tema muy querido a la patronal), de lo que se habla realmente es de reducir los salarios. Aunque no es esa, por fortuna, la propuesta del ministro; sus soluciones son dos. Una es que entre más gente a trabajar, especialmente jóvenes, en lo que solo puedo estar de acuerdo. La otra es privatizar (evaluar la introducción de elementos privados en sus palabras) el sistema de pensiones. Eso sí, añade, sin utilizar el término privatización.

El resto del artículo lo dedica a la estabilidad presupuestaria y a la Unión Europea, que concibe, y son sus palabras como un club de estabilidad económica. Es otra visión que no comparto, en este caso no porque no sea cierta; desgraciadamente, hoy por hoy la Unión es efectivamente un club puramente económico. Yo creo que tendría que ser mucho más. Lo he dicho en otras ocasiones, soy un firme partidario de una auténtica Unión, no solamente de moneda y mercados, sino en todos los aspectos económicos, jurídicos y sociales.

Termino anotando otro fragmento por si alguien quiere ayudarme a desentrañar su sentido:

España tuvo un crecimiento económico inmenso, el más grande de la historia. Por lo tanto, España quiere y debe estar en ese club y no merecemos que lo que nos está pasando se nos alinee en contra. Por lo tanto, no nos pasa absolutamente nada; lo que sucede es que España es muy susceptible a esta crisis derivado de que no estamos haciendo los trabajos en casa.

No es que quiera ensañarme, es que realmente lo encuentro absolutamente incongruente. Pero es alentador saber que todo un ministro considera que no nos pasa absolutamente nada.

De Guindos, Báñez y la confianza

He retomado la lectura, que tenía abandonada, del libro La España que necesitamos, del que ya he comentado algo en entradas anteriores. Al contrario que los libros de ensayo que desarrollan una tesis y requieren una lectura ordenada, la naturaleza y estructura de éste permite una lectura "a salto de mata". Así que me he saltado varios capítulos para pasar directamente al sexto, que lleva por título Una crisis que es global, pero muy nuestra. Siete artículos componen este bloque, de los que he leído tres. Uno de ellos, firmado por Isidro Fainé, no lo voy a comentar por tener poco encaje en este blog aunque no carezca de interés. Los otros dos los firman Luis de Guindos y Fátima Báñez y creo que sí merecen un comentario aunque solo sea por los importantes cargos que ambos ocupan en la actualidad.

En el caso del artículo del actual Ministro de economía realmente lo comento solo por la relevancia del cargo que ahora ocupa, porque el artículo en sí me ha parecido poco más que humo envuelto en tecnicismos. Destaca el análisis, si es que se le puede llamar así, del proceso de reestructuración bancaria. Destaca porque habla exclusivamente de las cajas, sin una sola mención a las entidades privadas pese a estar en el mismo centro de la crisis. Con respecto a las cajas dice que un aspecto positivo de este proceso es que la mayoría de las entidades tendrán que transformarse en bancos. Como única justificación de este supuesto carácter positivo afirma que facilitará su despolitización. Pero lo cierto es que para "despolitizar" las cajas no hacía ninguna falta transformarlas en bancos, bastaba con reformar la legislación por la que se regía su gobierno. Su privatización no es en realidad más que una inmensa expropiación disfrazada, y considerando el papel que la banca privada ha jugado y sigue jugando en la crisis, ese carácter positivo es cuando menos dudoso.

Termina el Sr. de Guindos su artículo diciendo que la cuestión central es recuperar la capacidad de crecimiento que es indispensable para generar la confianza que necesitamos. Pocos pondrán en duda que ésa sea efectivamente la cuestión central, el problema es que Don Luis no ofrece indicación alguna de cómo se logrará. En cuanto a la confianza, no aclara a qué confianza se refiere ¿la de los ciudadanos, la de la Unión, la de los mercados? Sospecho que se refiere a la última, ya que era el eje del discurso de su partido en las fechas en que escribió el artículo. Esa confianza que entonces decía que se lograría recuperando el crecimiento, ahora se pretende lograr por el camino contrario mediante una politica de recortes que anuncian una nueva recesión. El déficit parece ser ahora la cuestión central ¿se equivocaba el ministro entonces o se equivoca ahora?

El artículo de Fátima Báñez lleva por título Confianza. Es muy breve, poco más de una página, y se inserta a modo de introducción del capítulo. La actual Ministra de empleo dedica el último párrafo a la solución que, según ella, se producirá cuando se produzcan las condiciones tanto económicas como políticas que devuelvan [...] la confianza para ahorrar, invertir, consumir y crear empleo. Tampoco la señora Báñez ofrece indicación alguna de cómo se ha de lograr ésto, más allá de una vaga referencia al fomento de las exportaciones.

Lo verdaderamente interesante de este artículo es su diagnóstico de la crisis. Comienza diciendo que es consecuencia de la debilidad institucional del nuevo régimen de economías abiertas y, en particular, de la deficiente regulación de los mercados financieros. Hasta ahí estoy de acuerdo, o lo estaría de no ser porque sorprendentemente no se propone medida alguna en ese sentido. Pero a continuación pasa a afirmar que el impacto en España ha sido mayor por nuestro excesivo endeudamiento con el resto del mundo, lo que solo es cierto si hablamos de deuda privada pero no de deuda pública, y debido a la rigidez de nuestro marco laboral, lo que es rotundamente falso como se ha demostrado muchas veces. A pesar de ello la señora ministra pasa a centrarse exclusivamente en la deuda pública afirmando que no se puede pretender la consolidación del equilibrio presupuestario y las pautas estables de austeridad en el gasto sin establecer los límites del sector público por ley.

Notable frase ésta, que da por sentada sin haberla demostrado la necesidad del equilibrio presupuestario y la austeridad. El equilibrio presupuestario, que varias veces he afirmado que es deseable como principio, solo debería plantearse a medio y largo plazo, nunca para un único ejercicio económico. La referencia a la austeridad implica renunciar a actuar sobre el lado de los ingresos. Pero el auténtico meollo está en la única medida concreta que contiene el artículo: limitar por ley el sector público. Es importante observar la incongruencia con sus propias premisas. Limitar el sector público no tiene nada que ver ni con la parte del diagnóstico en que acierta, la desregulación del mercado financiero, ni con la parte en que se equivoca, el marco laboral. Lo cierto es que esa medida significa contraer aún más la economía, ya que no habla de limitar los gastos superfluos sino de limitar el sector público. Y ello se justifica únicamente, y así lo dice, en que la austeridad es una fuente de confianza para los inversores. De hecho, contradiciendo su propio análisis afirma textualmente que la crisis es, ante todo, "sed de confianza".

Decía antes que estos dos artículos tienen interés por la relevancia de los cargos que hoy ocupan sus autores. No sé que conclusión sacaréis vosotros, pero a mí me preocupa seriamente que dos personas que parten de análisis erróneos para llegar a conclusiones incongruentes con esos mismos análisis estén dirigiendo dos de los más importantes ministerios. Puedo entender, aunque no compartir, que en la oposición culpasen de todo a la desconfianza que generaba la política del Gobierno anterior, pero siempre pensé que detrás de esa estrategia electoral había algo más sólido. Los acontecimientos de los últimos meses parecen indicar que no era así, que no era solo estrategia electoral, es que nos gobiernan con esas premisas. De no ser así solo habría otra explicación: que su objetivo haya sido siempre el cambio hacia un modelo neoliberal. No sé qué explicación será peor.

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Lume na fraga do Eume

Debía de ser o ano mil novecentos oitenta e nove. Eu agardaba o autobús nunha parada da madrileña cidade universitaria xunto a unha señora que non coñecía. Empezóu a falar conmigo e, seica notando o meu acento, preguntóu de ónde era. Ela era madrileña pero coñecía Galicia e falou do bonita que era, dos bosques e da cor verde. Logo engadiu "aunque ahora es negra". Fora un verán de moitos incendios.

Máis de vinte anos pasaron e aínda andamos nas mesmas. Non hai quen de porlle freo a un problema que ano tras ano destrúe a riqueza e a beleza da nosa terra. Hoxe arden as fragas do Eume. Teño ido alá unhas cantas veces, e cada unha delas quedéi abraiado. Non importa cántas veces o viras, sempre é novo, sempre é como a primeira vez. ¿Qué atoparéi cando volva?

Galicia queda sen ríos, queda sen fragas, e non é verdade que os pinos se queixen. Morren en silencio.