martes, 23 de agosto de 2011

Un insulto a la democracia

Leo las noticias y no salgo de mi asombro. A pesar de la escasa confianza que me inspiran nuestros líderes políticos no creí que su desfachatez y su desprecio por los ciudadanos llegasen a tanto. Pero han llegado, y mi asombro va dejando paso a una profunda indignación.

El Presidente del Gobierno y el líder de la oposición, con la aquiesciencia del Sr. Rubalcaba, han acordado reformar la Constitución para limitar por esta vía el déficit público. Y lo han hecho a la chita callando, de espaldas a la ciudadanía, ignorando al resto de grupos parlamentarios y con mucha prisa para que se lleve a cabo antes de terminar la legislatura.

Limitar legalmente el déficit es una medida cuestionable en sí misma, pero pretender fijarla constitucionalmente me parece un despropósito y una irresponsabilidad. La estabilidad presupuestaria puede ser más o menos deseable, pero jamás el dogma de fe que tan ciegamente han aceptado el Sr. Rodríguez Zapatero y el Sr. Rajoy.  No dudo que mantener controlado el déficit sea algo positivo como medida política y económica general, pero limitarlo sin más y fijar la medida en la Constitución es privar a los gobiernos sucesivos de una herramienta que en el pasado ha sido útil y que pudiera ser vital en el futuro.

Lo grave no es la limitación en sí, sino la manera en que se quiere llevar a cabo. No hay razón alguna que justifique la necesidad de hacerlo a través de la Constitución. Más aún, no creo que deba hacerse así en absoluto. Primero porque no creo que esa sea la finalidad de un texto constitucional, pero también porque eso significa que si llega a ser necesario pasar el límite no podrá hacerse sin una nueva reforma por mayoría de 3/5 de ambas cámaras.

Para hacernos una idea de lo que esto puede significar tenemos el ejemplo de lo sucedido recientemente en Estados Unidos, donde la necesidad de llegar a un acuerdo para elevar el techo de deuda sirvió al partido conservador para chantajear al Presidente Obama poniendo en riesgo la economía del país.

Pero más allá de la medida en sí lo que me indigna es el modo en que pretenden llevarla a cabo.  Después de tanto exigir respeto a la Constitución, después de tanto decir que no se podía modificar la Constitución alegremente, después de negarse a considerar siquiera las propuestas de reforma de otros partidos, instituciones o grupos ciudadanos, resulta que ahora se puede reformar a toda prisa y sin discusión por un mero acuerdo entre los señores Zapatero y Rajoy.

Al parecer consideran que los votos recibidos hace cuatro años por sus partidos les legitiman para tomar cualquier decisión, a pesar de que esos votos, lo recalco, los recibieron sus partidos, no ellos, y a pesar del evidente descrédito de ambos líderes y de ambos partidos.

A pesar de todo ello se creen legitimados para reformar la Constitución sin haber consultado a los demás partidos políticos y hasta sospecho que ni a los suyos propios a juzgar por las declaraciones del Sr. Rubalcaba, sin haber consultado que se sepa ni a sindicatos ni a organizaciones patronales ni tampoco, que a mi me conste, a los propios órganos consultivos del Estado, ni a los representantes de los gobiernos y parlamentos autonómicos. Sin encomendarse a Dios ni al diablo. Y mucho menos al pueblo.

Y esto último es lo más indignante. Saben que el referendum solo es necesario si lo exige la décima parte de los miembros de alguna de las cámaras, y como ambos partidos suman más del noventa por ciento, no se toman la molestia ni siquiera de disimular. Anuncian de antemano que no les importa en absoluto lo que pensemos los ciudadanos y que no tienen la menor intención de consultarnos sobre un asunto cuya trascendencia no se le escapa a nadie.

La medida puede ser opinable, aunque a mi me parezca equivocada e irresponsable. Pero la manera en que la van a llevar adelante es un insulto a la democracia y un olímpico desprecio a los ciudadanos a los que dicen representar.

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