domingo, 24 de junio de 2012

Abrir procesos constituyentes

Ultimamente me ocupo mucho de la economía y muy poco de la política, lo que probablemente sea un error. La economía, como toda ciencia social, debe estar supeditada a los intereses de las personas y por lo tanto a la política, que a su vez debe ser la expresión libre de la voluntad de los ciudadanos. Los problemas que atraviesan España y Europa no son solo económicos, son también y sobre todo problemas políticos. Creo que a estas alturas todo el mundo puede ver que la política está subordinada a intereses económicos minoritarios, y eso tiene que cambiar. Deberíamos abrir dos procesos constituyentes, uno europeo y otro español.

Aclaro que cuando hablo de abrir procesos constituyentes no me refiero a ponerlo todo patas arriba y partir de cero. Un proceso constituyente puede iniciarse para dotarse de una constitución "ex novo", lo que sería el caso de Europa, o cuando se trata de hacer reformas sustanciales en una constitución ya vigente, lo que sería el caso de España. Realmente tendría que hablar de tres procesos porque habría que añadir el nivel global, pero hay que ser realistas y hablar hoy por hoy de una constitución mundial suena más a broma que a propuesta seria.

En lo que se refiere a la Unión Europea, viene funcionando más o menos como una confederación. Mi modesta opinión es que debemos emprender el camino hacia una federación, y que debemos hacerlo dotándonos de una constitución; pero una de verdad, y no un intento de codificar y consagrar las instituciones ya existentes como el que tuvimos hace unos años. Además de ir hacia la federación debemos, en paralelo, democratizarla reformando profundamente las instituciones. Aunque habría mucho que decir y debatir al respecto, vayan unas ideas a título de mero apunte. Una federación democrática no puede seguir basándose en un poder excesivo de la Comisión, cuyos miembros son designados por los Estados y no elegidos por los ciudadanos. La función legislativa debería recaer primordialmente en el Parlamento, revisando las funciones de la Comisión para aproximarlas a lo que es habitual en un Senado. Eso haría necesario dotarnos de una institución separada que asuma el poder ejecutivo que, cualquiera que sea su forma, debería basarse en la elección directa por los ciudadanos. Tampoco podemos permitirnos continuar con un sistema en el que un Estado, por importante que sea, tenga la capacidad de bloquear por sí solo todas las inciativas en función de sus propios intereses. Lograr un equilibrio entre los intereses de la Unión y los de cada estado es una cuestión delicada pero es ahí, precisamente, donde debería jugar un papel la Comisión.

El el caso de España me parece imprescincible abrir también un proceso constituyente, pero en este caso de reforma. Supongo que serán muchos los que piensen, y no sin razón, que la primera cuestión seria decidir la forma del Estado: monarquía o república. Sin embargo yo, aunque republicano por principio, no entraré en ese debate por no parecerme el fundamental. Tampoco entro, por ahora, en el debate sobre la organización territorial. El actual sistema autonómico tiene sus deficiencias, pero creo que no es el sistema en sí lo que se debe resvisar, sino la definición de competencias, las garantías de la cohesión interterritorial y, como en el caso de Europa, la integración de los intereses nacionales y regionales.

Asumiendo pues que se mantengan la monarquía y el sistema autonómico con los necesarios retoques en los títulos correspondientes, los objetivos son dos: una separación de poderes efectiva que hoy deja mucho que desear, y que las instituciones sean verdadera representación del pueblo y respondan fielmente a su voluntad. Sin esas dos condiciones no existe una democracia digna de tal nombre. Veamos en primer lugar cuál es, a mi juicio, el problema.

Actualmente elegimos a los miembros del poder legislativo y éste nombra al Presidente del Gobierno, que a su vez nombra a los ministros, y a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Por si fuera poco, un sistema electoral diseñado para favorecer las mayorías hace que, además de falsear claramente la representatividad de las cámaras, los dos partidos mayoritarios controlen de facto los tres poderes. Añadamos que la exigencia consitucional de funcionamiento democrático interno de los partidos se cumple más bien poco, y a grandes pinceladas tendremos un cuadro de la escasa calidad de nuestra democracia.

Por tanto lo primero que hay que cambiar es el sistema electoral. Yo soy partidario de la circunscripción electoral única y las listas abiertas, y de concretar constitucionalmente la exigencia de democracia interna de los partidos en elecciones por sufragio interno de los cargos y de los candidatos a las elecciones, además de medidas más o menos secundarias cuya regulación quizá no deba corresponder a la Constitución, como la financiación de los partidos y el acceso a los medios de comunicación públicos. Hace un año escribí sobre estas cuestiones en las entradas Reflexiones sobre la democracia y Más reflexiones sobre la democracia. No ha variado desde entonces mi opinión, y a ellas me remito si os interesa conocer un poco más extensamente lo que pienso al respecto.

En cuanto a la separación de poderes, me parece obvio que hay que cambiar el sistema de elección tanto de los miembros del CGPJ como del Tribunal Constitucional. El nuevo sistema de elección podría articularse de muchas maneras, pero no me parece la menos mala que sean elegidos mediante sufragio directo y secreto por los propios jueces y magistrados, a los que se podría tal vez añadir a los abogados en ejercicio y catedráticos de Derecho. Claro está que otra opción es el sufragio universal, pero yo creo más acertada la primera. También sobre esto escribí el año pasado en Independencia judicial, y tampoco en esto ha variado mi opinión.

Queda, para terminar, la más complicada separación entre los poderes legislativo y ejecutivo. No se me ocurre al respecto nada mejor que separar la elección de ambos. Pasar de una elección indirecta del Presidente del Gobierno a una directa o, lo que es lo mismo, establecer las elecciones presidenciales por sufragio universal. En ese caso deberían celebrarse de forma separada en el tiempo con las legislativas, por ejemplo cada cuatro años ambas, pero mediando dos entre unas y otras.

Naturalmente todo esto no son más que mis opiniones personales, mis preferencias. Lo verdaderamente importante tal como yo lo veo no es que las reformas vayan en esta o en otra dirección, sino que respondan a la voluntad de los ciudadanos. Por eso los procesos constituyentes, si no queremos que acaben en una componenda entre políticos, deben comenzar con un debate público serio, amplio y abierto, como única forma de conocer el sentir de los ciudadanos. Si ese debate no lo inician quienes deberían hacerlo (y no lo harán) tenemos que iniciarlo nosotros. Esta entrada no es más que mi humilde contribución, por supuesto abierta a toda crítica.

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