Por qué un comité de expertos

Como ya sabréis, el comité de "expertos" nombrado para estudiar la reforma del sistema de pensiones acaba de presentar su informe. Según las primeras noticias publicadas (porque obviamente no he leído el informe en sí) recomiendan desvinculara la actualización de las pensiones del IPC, introducir un factor de sostenibilidad que permitiría bajarlas en tiempo de crisis, tener en cuenta la esperanza de vida, computar las cotizaciones de toda la vida laboral... Es más o menos lo que suponía que iban a recomendar, y no porque yo sea adivino, sino porque estaba "cantado".

Entrecomillo la palabra expertos porque lo primero que deberíamos preguntarnos es qué es exactamete lo que les convierte en tales, y por qué se les ha elegido a ellos y no a otros. No es que dude de su valía, pero resulta extraño que de estas doce personas ocho procedan del ámbito de la banca y las aseguradoras privadas. Por el contrario, tan solo uno es catedrático de Derecho del trabajo y la Seguridad Social.

Y es que en mi opinión el dichoso comité de "expertos" nunca ha tenido otra finalidad que dar una apariencia técnica o científica a lo que ya estaba decidido de antemano. De hacer ver que no es una decisión política sino algo inevitable. O por decirlo de otro modo, que la conclusión precedió al estudio. Pero no es en absoluto una cuestión puramente técnica, es política y debe serlo.

Me explico. Me parece obvio que cuando hablamos de pensiones lo primero que tenemos que decidir es si queremos un sistema público o privado, de reparto o de capitalización. Básicamente, si queremos un sistema individualista o solidario, lo que equivale a decidir en qué tipo de sociedad queremos vivir. Eso es una cuestión de principios y por lo tanto política, y no puede quedar de ningún modo en manos de una docena de personas, por muy expertas que sean. En esto no tienen nada que ver demografías, fiscalidades ni esperanzas de vida. Eso viene después, una vez decidido qué modelo queremos tener. Entonces y sólo entonces tendremos que considerar cómo lo implementamos y cómo lo financiamos.

Como apuntaba antes, lo que se está haciendo es exactamente lo contrario. Primero se han considerado las cuestiones relativas a la financiación para extraer la conclusión, que en realidad era premisa, de que hay que cambiar el modelo.

Para comprender hasta qué punto es así, solo hay que notar dos cuestiones muy llamativas. La primera es que, siendo la coartada la financiación y la supuesta inviabilidad económica del sistema, no se mencione la cuestión de los ingresos. Solo se habla del gasto. Ni una palabra para el escandaloso fraude fiscal, ni una palabra para el desigual tratamiento fiscal de las rentas de capital y trabajo. Hay otras alternativas que los "expertos" no mencionan: subir determinados impuestos o subir -¿por qué no?- las cotizaciones sociales.

La segunda cuestión es que un sistema de reparto no depende tan sólo ni de la demografía ni de la fiscalidad. Depende también de la productividad del trabajo, lo que tampoco se menciona aunque sería ciertamente interesante. Y depende también y sobre todo de la relación entre cotizantes y pensionistas, que no es solo cuestión de demografía. Es tener a más de la cuarta parte de la población activa desempleada lo que de verdad está destrozando la caja de la Seguridad Social.

Ni una sola palabra para estas cuestiones. ¿Por qué? Una de dos: o los "expertos" son unos supinos incompententes, o tenían perfectamente claro cuál debía ser la conclusión. No sé vosotros, pero yo empecé a leer y aprender sobre estas cuestiones hacia el año noventa y siete. Y ya entonces, hace dieciséis años, comprendí que había quienes tenían claro que no debíamos tener un sistema de pensiones público y solidario, sino uno individualista y privado.

Como decía, no tengo nada de adivino. Es que hace al menos dieciséis años que se veía venir. Lo malo es que la mayoría no lo quisimos ver, y los que lo veíamos no hicimos lo que teníamos que hacer. Salvo honrosas excepciones, por supuesto, entre las que no me encuentro yo.