Ninguneo informativo

Estes días, vendo cómo se informa da campaña electoral galega nas distntas canles de televisión, decatéime de dúas cousas. Unha, anecdótica, é que os señores Feijoo e Vázquez no falan demasiado ben a lingua galega. A outra é que se un se informa só na televisión podería chegar a conclusión de a estas eleccións concorren tan só tres partidos. Se amosan imaxes dos actos dos líderes do PP, do PSOE e do BNG, pero é moi raro que se mencionen sequera os actos dos restantes partidos.

Penso que non é unha cuestión menor. O distinto trato nos medios de comunicación non só se traduce en distinto grao de coñecemento polos cidadáns, tamén é unha mensaxe ímplicita que vai calando na cidadanía: que só hai tres alternativas reais e que votar a calquera outro partido só pode ser un acto simbólico ou un voto de castigo ós tres "importantes". Doutro xeito: que só hai tres partidos que conten. Na miña opinión isto é manipular a opinión pública e falsear as eleccións, porque a información non se manipula só polo que se dí, tamén polo que non se dí.

Non teño nada que dicir no caso das canles de televisión privadas, aínda que fixeran propaganda aberta dun partido (e algunhas a fan), están no seu dereito. Son os propietarios ou accionistas quenes deben definir a súa liña. Pero as canles públicas pertencen a todos, están ou deberan estar ó servizo dos cidadáns e non dos políticos, e a súa obriga e informar de xeito imparcial. Os actos dun partido non son nin máis nin menos importantes que os de de calquera outro, sexa cal sexa a representación que hoxe teñan ou non teñan no Parlamento. En cada convocatoria electoral os medios públicos deberan actuar como se ningún deles a tivera.

Chama especialmente a miña atención o auténtico ninguneo que se lle fai a Alternativa Galega porque, aínda admitindo que haxa algunha xustificación para a diferencia de trato, omitir a información sobre esta coalición xa rebasa calquera límite, xa que non é una formación testimonial nin moito menos. Non só porque forma parte dela Esquerda Unida, que é un partido consolidado e con implantación, ou porque o seu cabeza de lista sexa Xosé Manuel Beiras, que é un político de recoñecida traxectoria. Tamén, e sobre todo, porque as enquisas indican que podería acadar catro ou cinco escanos a pesares do inxusto límite do cinco por cento dos votos. É a carta forza en liza, con posibilidades máis que reais de obter representación e romper co "acaparamento" do Parlamento. ¿Iso non é noticia? Omitilo nos informativos, silenciar os seus actos electorais como se non contaran para nada é manipular a información.

Sei ben que hai leis que regulan o espazo que as canles del televisión públicas adican a cada partido. Non digo que non sexa legal, digo que non é democrático. Que estas eleccións están sendo u bo exemplo que esas leis se fixeron para servir a certos partidos políticos, e non para servir ós cidadáns.

Pode que algúen pense que esta entrada tamén é propaganda dun partido, e pode que teña razón. Pero eu escribo unha bitácora persoal, non dirixo un medio público. E a título persoal chámovos a ter en conta todas as opcións.

La herencia de Rajoy

Lo siento, pero estoy ya más que harto de la insistencia del señor Rajoy y sus ministros de echarle la culpa de todo al Gobierno anterior, de hablar una y otra vez de la herencia recibida. Porque si no es mentira es una verdad a medias imperdonable en cualquier responsable de gobierno, pero más aún en quien prometió solemnemente decir siempre la verdad.

El señor Rajoy se olvida siempre, muy convenientemente, de mencionar también la herencia igualmente grave de su predecesor Don José María Aznar y sus ministros, que fueron quienes crearon la burbuja inmobiliaria y permitieron el monstruoso endeudamiento de las entidades financieras, cerrando los ojos a sus peligrosas prácticas.

Pero el señor Rajoy se olvida, sobre todo, de su propia herencia. Se olvida el señor Rajoy de que fue diputado y líder de la oposición durante la etapa de gobierno con que ahora lo justifica todo. Y como tal diputado y líder le correspondía la responsabilidad de controlar la acción del Gobierno. Así lo manda el artículo 66.2 de la Constitución:

Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.

Entre esas demás competencias atribuidas por la Constitución, está la recogida en el artículo 113.1:

El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.

Dice también el artículo 110.1:

Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.

Y el 111.1 dice:

El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras.

¿Dónde estuvo pues el control de la acción del Gobierno que el señor Rajoy hubiera debido ejercer? Como líder del principal partido de la oposición era su responsabilidad y su deber. Era responsabilidad suya informarse del verdadero estado del sistema financiero, de los riesgos que entrañaba la gigantesca burbuja inmobiliaria. Era su responsabilidad exigir al Gobierno la información y las explicaciones y, en su caso, hacer las propuestas oportunas. ¿Por qué no propuso en su día ni una sola de las medidas que ahora adopta? ¿Por qué afirmó, muy por el contrario, que no adoptaría ninguna de esas medidas? La única respuesta que encuentro es que no convenía a sus intereses electorales.

Más aún, durante años estuvo afrirmando que el problema de España era la desconfianza que, según él, generaba el Gobierno. Durante años se hartó de repetir que todo era culpa de un Gobierno que lo hacía todo mal. Llegó al punto de afirmar sin rubor que el mero anuncio de convocatoria de elecciones generaría tanta confianza que por sí solo haría que empezasen a solucionarse nuestros problemas. Y yo me pregunto por qué, si tan convencido estaba de ello, no planteó jamás una moción de censura. Y la única respuesta que encuentro es que no convenía a sus intereses electorales.

Pagamos la herencia de las equivocadas políticas del señor Rodríguez Zapatero, no se puede negar. Pagamos también la herencia de la dejación de funciones los diputados de la oposición, y tampoco esto se puede negar. Pagamos también la herencia del señor Mariano Rajoy.

445.568 políticos

Hace cuatro meses publiqué en este blog la entrada ¿Cuántos políticos tenemos?, sobre el bulo que circula por internet según el cual hay nada menos que 445.568 políticos en España. Hoy, curioseando por la red, he visto que sigue siendo reproducido continuamente y dado por bueno. Desde luego no pensaba que mi modesta entrada en mi desconocido blog fuera a cambiar nada y seguramente no debería sorprenderme, pero el caso es que sí me sorprende que una información tan evidentemente falsa siga siendo aceptada con tanta facilidad. Quizá merezca la pena ver con un poco más de detenimiento la tabla tal como se publicó en El aguijón, que parece ser el origen del bulo. No repetiré lo sospechosamente vago que es con respecto a la fuente, un supuesto informe que no se reproduce y cuyos autores no se citan, ni lo extraño que resulta que la Presidencia del Gobierno necesite encargar un estudio para eso. Vayamos a las cifras.

Ya en la primera línea nos encontramos con que 350 diputados y 266 senadores no suman 650 sino 616. Tan grosero redondeo contrasta ciertamente con la exactitud del dato final: 445.568, ni uno más ni uno menos.

En el Tribunal de Cuentas hay, según la tabla, 120 políticos. Basta entrar en la página del propio Tribunal para saber que los consejeros son doce. El resto de personas que allí prestan sus servicios son empleados públicos, funcionarios o laborales.

Llamativa es la cifra de 900 "defensores del pueblo, menor, mujer, etc".  Para llegar a semejante cifra tendría que haber cincuenta defensores del pueblo o similares en cada comunidad autónoma. Admito que no tengo ni idea de cuántos hay, pero suponiendo que cada comunidad tenga un defensor del pueblo, uno del menor, uno de la mujer y uno del ex-alcohólico anónimo, no alcanzaríamos ni la décima parte de esos 900.

Resulta casi gracioso que se incluyan 1600 "políticos con pensión". Si tienen una pensión  (se entiende que por haber ejercido un cargo político) será porque ya no lo ejercen, digo yo.

Este grosero inflado de cifras es, pese a todo, pecata minuta. Veamos las cifras gruesas, por ejemplo, los 65.130 liberados sindicales. ¿Cómo se ha obtenido esta cifra? Dice el aguijón: se ha analizado las bolsas de horas sindicales y liberados que reflejan los convenios colectivos. Es decir, todo representante de los trabajadores que tenga el crédito de horas para tareas de representación que reconoce el Estatuto de los Trabajadores está siendo computado como político, y ello con independencia de que realmente esté liberado o no. Por ejemplo,  todas las empresas entre diez y treinta trabajadores deben tener un delegado de personal. Por pura lógica sabemos que no están liberados, ya que no tienen otros representantes con los que acumular sus horas. Más aún, muchos de ellos ni siquiera están afiliados a un sindicato. A pesar de ello y de que no cobran un céntimo de las arcas públicas están siendo computados en la tabla. ¿Por qué? Dice también El aguijón que se computan puesto que realizan funciones de organización política de Estado. Ya ves, querido lector, representar ante el empresario a tus compañeros de trabajo es organizar políticamente el Estado. Sorprende que no se haya incluido un apartado para los delegados de curso de tercero de primaria.

Veamos la cifra más gorda de todas: 131.250 "políticos empleados en empresas públicas o con participación estatal". ¿Cuántas empresas públicas hay en España? Es difícil saberlo, pero seamos generosos y digamos que cinco mil. Extrayendo datos de la EPA y del Registro Central de Personal de la Administración resulta que en ellas pueden trabajar, tirando por lo alto, medio millón de personas. Más de la cuarta parte de ellas serían políticos según la dichosa tabla. Sospecho por tanto que el jefe de taller de plomeros de Navantia Cartagena es un político.

En fin, no continúo, creo que como muestra es suficiente. Ahora me parece que dedicaré un rato a adivinar en qué punto de la tabla estaré incluido. No hay línea de "autores de blogs", pero seguro que alguna razón para catalogarme como político tendrá que haber.

P.S.: Es curioso, acabo de caer en la cuenta de que la tabla no incluye al Presidente del Gobierno, ni a los ministros, ni a los presidentes y consejeros autonómicos. No es posible que los autores de tan sesudo y exhaustivo estudio se hayan olvidado, así que no deben de ser políticos.

ENTRADAS RELACIONADAS:

¿Cuántos políticos tenemos?

El recorte en las prestaciones por desempleo

Supongo que todos recordaremos que durante la campaña electoral, y particularmente durante el debate televisado, el señor Pérez Rubalcaba preguntó en varias ocasiones al hoy presidente del Gobierno si recortaría las prestaciones por desempleo. Recordaremos también que éste se limitó a contestar con evasivas y vagas referencias al modelo austríaco, afirmando que no bajaría las prestaciones. Pues bien, desde mediados de julio tenemos la respuesta; no hay tal cambio al modelo austríaco y sí, una vez más, lo que el Sr. Rajoy dijo que no haría: un recorte de las prestaciones. Y bastante importante.

Se recorta en primer lugar la prestación contributiva, es decir el paro "normal". Hasta ahora su cuantía bruta a partir del séptimo mes era el 60% de la base de cotización, pasando ahora a ser el 50%. Es de notar que, aunque en puntos sobre la base la reducción parezca del 10%, realmente es el 16,67% (50x100/60). Esto, repito, a partir del séptimo mes, pero además ahora el trabajador asume la totalidad de la cotización a la Seguridad Social, cuando antes el Inem asumía el 35%. Esto supone un recorte adicional de aproximadamente el 1,65% durante toda la duración de la prestación.

Pero no se recorta solamente la prestación contributiva, también los subsidios. Para empezar se elimina sin más el subsidio especial para desempleados mayores de 45 años que agotasen una prestación de dos años, y que suponía para quienes reunían los requisitos 426 euros durante seis meses.

Un recorte importante es el del subsidio para mayores de 52 años, que ahora pasa a ser para mayores de 55 años.Se endurecen por tanto los requisitos, pero eso no es lo peor. Antes este subsidio se concedía hasta la edad ordinaria de jubilación, pasando ahora a concederse hasta la primera edad en que el trabajador pueda jubilarse. Es muy importante observar que con esto no solo se recorta el subsidio, dado que la jubilación anticipada supone reducciones en la pensión (un 8% por año si no me falla la memoria) se están recortando indirectamente las pensiones. Además, por las características especiales de los trabajadores que lo perciben, este subsidio es el único que cotiza para la jubilación. Hasta ahora la cotización era por el 125% de la base mínima, pasando ahora a cotizar por el 100%. Eso es otro recorte indirecto en las pensiones de jubilación.

Otro recorte más, común para todos los subsidios. Hasta ahora su cuantía era el 80% del IPREM, es decir 426 euros para este año. Ahora, cuando el derecho se origine por pérdida de un trabajo a tiempo parcial, la cuantía se reduce proporcionalmente a la jornada. Es decir, una persona cuyo último trabajo fuese por ejemplo de veinte horas semanales cobrará 213 euros de subsidio, en lugar de 426.

No nos quedamos ahí. No solamente se recortan la prestación contributiva y los subsidios. También se endurecen los requisitos de acceso a la Renta Activa de Inserción. Esta es una prestación que, con determinados requisitos, podían y pueden percibir los desempleados de larga duración mayores de 45 o con minusvalía del 33%, las víctimas de violencia de género y los emigrantes retornados. A los requisitos que ya tenía se añade uno más: haber agotado previamente una prestación contributiva o un subsidio. Eso excluye a un cierto número de personas que con la normativa anterior la hubieran podido percibir.

No se vayan todavía, aún hay más. Nos queda el Plan Prepara. Esta subvención (porque es subvención y no prestación) fue creada en febrero para sustituir al anterior Prodi, creado por el Gobierno Zapatero con motivo de la crisis. En mi modesta opinión, la creación del Prodi ya fue una chapuza, y cada una de las dos reformas que sufrió fue más chapucera que la anterior. Creí sinceramente que su sustitución por el Prepara era la chapuza definitiva, pero me equivoqué, tratándose de chapuzas nuestros políticos no conocen límites. Si el hecho de que sea una subvención y no una prestación ya es para mí bastante incomprensible, el amasijo de competencias de distintas administraciones lo convierten en un galitmatías indescifrable para cualquier desempleado que no sea doctor en derecho (y aún éstos deben de tener dificultades). Para poner la guinda ahora se añade el requisito de acreditar acciones de búsqueda activa de empleo durante treinta días, lo que quizá no sería objetable si se hubiera establecido la forma de tal acreditación, lo que no se ha hecho pese a que la nueva norma se aplica con efectos del 16 de agosto. La guinda de la guinda es volver (y digo volver porque ya se hizo con el prodi) a considerar a los padres como miembros de la unidad familiar a efectos del requisito de rentas familiares. Bonita opción: volver con los padres y no cobrar nada o vivir con 399 euros.

Aún hay algún recorte más que omito por no hacer esta entrada demasiado larga y farragosa. En resumen, y aunque alguna de estas medidas considerada aisladamente pudiera ser más o menos discutible, en conjunto se recortan de forma muy considerable las prestaciones por desempleo y, de forma indirecta y a la chita callando, las pensiones de jubilación. Una vez más, y so pretexto del sacrosanto objetivo de déficit, se exige a las víctimas pagar lo que no pagarán los culpables. Y mientras tanto leo en la prensa de ayer que con la ya de por sí injusta y vergonzosa amnistía fiscal solo se ha recaudado hasta ahora el 5% de lo previsto, sin que el señor Montoro se haya dignado, que yo sepa, siquiera mencionarlo.

Si habéis leído algunas de las entradas anteriores de este blog ya sabréis cuál es mi opinión sobre todo esto. Socialmente es una terrible injusticia y económicamente una monumental estupidez. ¿Qué más puedo añadir? Nada que no haya expresado ya, y magníficamente, la todavía diputada señora Andrea Fabra.

En la república de Absurdistán

Ayer hice un pequeño viaje hasta la república naranjera de Absurdistán. Viajar a este pequeño y desconocido país es fácil: no hace falta pasaporte, ni documentación, ni transporte ni alojamiento. En realidad, se puede viajar allí en cualquier momento sin necesidad de salir de casa., solo hay que coger el tren de la imaginación.

Fui hasta allí para informarme de la posibilidad de comenzar un negocio en el país. Para eso necesitaba contratar a cuatro directivos y cincuenta peones, por lo que me dirigí al servicio de colocación local. Allí me informaron de que no habría ningún problema con respecto a los cincuenta peones, podía contratar a los que quisiera, pagarles el salario mínimo, y despedirlos en cualquier momento sin consecuencias. Pero los directivos eran otra cosa.

Resulta que, según las leyes del país, para contratar a las cuatro personas que habrían de dirigir mi negocio debía dirigirme a unas empresas especializadas. Aunque había muchas, acudí solamente a las dos más importantes, Pesóle y Pipí. En Pesóle me ofrecieron una lista de cuatro candidatos: Adela, Blas, Carlos y Diana. Tras algunas averiguaciones, resultó que Carlos no tenía ninguna cualificación y Diana estaba acusada de haber robado en su empresa anterior. Naturalmente dije que solo me interesaba contratar a Adela y Blas.

- No puede ser, -dijo el empleado- tiene usted que contratarlos a los cuatro o a ninguno.

Naturalmente me dirigí entonces a Pipí. Igualmente me ofrecieron una lista de cuatro candidatos, de los que solo dos me convencían. Expliqué que si había venido a Pipí era porque me habían puesto la misma pega en Pesóle, y que si tampoco me daban más opciones me iría a Ihú, la tercera empresa especializada.

- No se moleste, -dijo displicente el empelado- tampoco le darán más opciones. Es así por ley.

Esto me pareció tan extraño que decidí consultar con un abogado laboralista. Pensaba sinceramente que me estaban tomando el pelo, no podía ser.

- No le toman el pelo, -dijo el abogado- para el personal directivo la ley le obliga a contratar en bloque a todos los candidatos de una empresa intermediaria.

- Bueno, -pensé en voz alta- entonces contrato una lista y a los que no me convenzan los despido.

- No puede -dijo el abogado moviendo enérgicamente la cabeza a un lado y otro- una vez contratados la ley le obliga a mantenerlos en la empresa durante cuatro años.

- ¿Aunque dirijan mal la empresa?

- Aunque la lleven a la ruina.

- Y si no les renuevo a los cuatro años ¿tendré que pagarles alguna indemnización?

- Tendrá que pagarles una pensión vitalicia.

A estas alturas ya me estaba pareciendo que no valdría la pena abrir el negocio en Absurdistán, pero todavía insistí un poco más.

- ¿Podría usted facilitarme unas tablas salariales de referencia para saber cuánto tendría que pagarles?

Esta vez el sorprendido fue el abogado. Imposible describir su cara de perplejidad.

- ¿Tablas salariales? -preguntó- ¡El sueldo se lo pondrán ellos mismos después de que los haya contratado!

No insistí más y abandoné inmediatamente Absurdistán. ¡Qué país de opereta! ¡Pobres absurdistaníes! Menos mal que yo tengo la suerte de vivir en un país avanzado, justo y democrático donde tales cosas nunca podría ocurrir.

Sobre los funcionarios

Los medios de comunicación se han hecho eco estos días de la destitución de la Jefa de la Inspección Provincial de Trabajo de Toledo, Noelia Cano Martínez, a petición del Delegado del Gobierno en la Comunidad, Jesús Labrador. Esto ha provocado la protesta de la plantilla de subinspectores que, según parece, han remitido al Ministerio de Trabajo un escrito donde afirman que la destitución obedece a razones políticas por haber expedientado la señora Cano a una empresa propiedad de un pariente cercano de un alto cargo del Partido Popular. A esto a contestado el señor Labrador que es un puesto de libre designación y por lo tanto "está clara la cuestión".

Esto me da pie para hablar del tema de la estabilidad en el empleo de los funcionarios. Porque efectivamente la cuestión  está clara, lo que no lo está es por qué una jefatura provincial de la Inspección de Trabajo es de libre designación. Estamos demasiado acostumbrados a pensar en los funcionarios públicos como unos privilegiados a los que no se puede despedir y por ello no dan un palo al agua. El célebre artículo de Mariano José de Larra "Vuelva usted mañana" está muy arraigado en nuestra cultura.

Hagamos primero una observación que no creo menor. No es cierto que a los funcionarios no se les pueda despedir. Existe un régimen disciplinario con su correspondiente previsión de faltas y sanciones, que pueden ir de la simple amonestación a la separación del servicio, equivalente del despido en la administración. Que este régimen se aplique o no con el debido rigor es cuestión aparte. El hecho es que a los funcionarios sí se les puede despedir, pero no sin una causa justificada. Mi humilde opinión es que, lejos de pedir que se retire esta seguridad a los funcionarios, deberíamos exigir que la tenga todo el mundo.

Por otra parte, la estabilidad de que disfrutan los funcionarios no es un privilegio. Y no lo es en dos sentidos. Primero porque un privilegio, por definición, es una excepción o un beneficio que se concede a alguien en razón de sus circunstancias personales y que a los demás les está vedado. A la función  pública se accede mediante libre oposición a la que todo el mundo puede concurrir en igualdad de condiciones. No hay por tanto tal privilegio.

Hay además otra razón, que es el motivo de esta entrada, por la que no debemos entender la estabilidad de los funcionarios como un privilegio, y es que no se estableció caprichosamente sino como una garantía para los ciudadanos. Una garantía de independencia frente al poder político. Cuando esta garantía no existía, cada cambio de gobierno significaba la destitución de los funcionarios contratados por el anterior, los tristemente famosos "cesantes", y la contratación de otros amigos o afines al nuevo poder. En consecuencia, el empleado tenía muchísimo más interés en servir y mantener en el poder a quien le contrataba y podía despedir que en servir al ciudadano. Para entender a dónde conducía esto no es mala idea releer el célebre artículo de Larra o la excelente novela "Miau" de Benito Pérez Galdós.

El mejor antídoto para que aquello no se repita es precisamente que el empleado público tenga la seguridad de no poder ser cesado si hace su trabajo correctamente y no ha cometido ninguna falta. En otras palabras, que sea independiente del poder político y no pueda ser despedido por no someterse a él y servir al ciudadano. Los puestos de libre designación, los popularmente llamados "a dedo", también tienen su razón de existir pero deberían limitarse estrictamente a lo que realmente son puestos "de confianza" y regularse cuidadosamente. De lo contrario ocurre lo que viene ocurriendo desde hace años, que se usa y abusa de este sistema y que estos puestos proliferan como la mala hierba porque el funcionario independiente estorba al político.

Lo que me lleva a la pregunta que hice antes. ¿Está justificado que una jefatura provincial de la Inspección de Trabajo sea de libre designación? Yo creo que no. Al contrario, creo que es un magnífico ejemplo del tipo de puesto que jamás debería proveerse por este sistema. Y por eso me preocupa que tanta gente clame por que se pueda despedir libremente a los funcionarios en aras de una supuesta eficiencia (tema éste para otra entrada). Porque eso nos puede devolver a los tiempos de Larra y a que casos como el de Toledo se conviertan en la norma cotidiana.

Le doy pues la razón a don Jesús Labrador. La cuestión está meridianamente clara.

Una lucha idelogógica

Vengo diciendo desde que comencé este blog, y lo voy a repetir hoy, que no estamos asistiendo a una crisis coyuntural, ni siquiera una crisis cíclica. No podemos pensar que tras unos años de apretarnos el cinturón todo volverá a ser como antes, porque no va a ser así. Un ejemplo bien claro lo tenemos en el anuncio de privatizaciones en los transportes ferroviarios, portuarios y aeroportuarios. No volverán a ser públicos, al menos durante muchos años. El grave deterioro de la sanidad y la educación públicas tampoco se van a revertir en mucho tiempo. Y al menos yo tengo pocas dudas de que el sistema público de pensiones seguirá el mismo camino, que ha iniciado ya.

Hay un hecho sobre el que nunca se llamará suficientemente la atención. Los mismos que dicen que todas estas medidas son necesarias y sirven para sentar las bases del crecimiento y la generación de empleo, nunca han explicado cómo, por qué misterioso mecanismo se generará ese empleo. No lo hacen porque saben que no es verdad. El crecimiento que siga a estas medidas benefeciará tan solo al gran empresario. No se va a generar empleo, los trabajadores no van a recuperar sus derechos, ni se va a restablecer el Estado social.  Caminamos hacia un modelo de desigualdades, con servicios privados de calidad para la minoría, y servicios públicos, cuando los haya, de ínfima calidad para los demás. Un modelo neoliberal.

No está de más recordar que la principal causa en la generación de la crisis fue la desregulación del sistema financiero y la generación de gigantescas burbujas especulativas que se trasladaron del sistema financiero a la economía productiva, incluidos sectores tan sensibles como el agroalimentario. Y no solo no se ha hecho absolutamente nada para reconducir el sistema financiero sino que se recorta y destruye lo que haga falta para sostenerlo.

La realidad es que la crisis económica está siendo utilizada como coartada para algo mucho más profundo y grave. Lo que realmente estamos viviendo es una lucha ideológica. Todas las medidas que se están tomando en Europa tienen, o así lo creo yo, una motivación ideológica. Su finalidad no es otra que desmantelar el Estado social para sustituirlo por un modelo neoliberal. Entre sus partidarios deberían estar los grandes empresarios y los partidos de derecha, liberales y conservadores. Digo deberían porque lamentablemente han logrado que asuman esta postura, o que se resignen a ella, muchas personas que deberían estar frontalmente en contra.

En el otro lado deberíamos estar los trabajadores por cuenta ajena o propia, los pequeños empresarios y comerciantes, los pensionistas, los partidos de izquierda, obviamente los sindicatos y los que creemos que el modelo social europeo no solo es viable, es infinitamente mejor que el neoliberal. Todos estos, la mayoría, deberíamos estar. Pero no todos estamos y, lo que es peor, estamos divididos. Por eso estamos perdiendo, y la derrota va a ser rotunda. Vamos a tardar mucho, pero que mucho tiempo en recuperar lo perdido, si es que lo recuperamos.

Todo esto es para decir que es importante, es extremadamente importante movilizarnos. Si los funcionarios que protestan ahora lo hubieran hecho hace un año tal vez, solo tal vez, no habrían perdido una paga. Si los millones de trabajadores desempleados acudieran a las manifestaciones tal vez, solo tal vez, no les recortarían ahora las prestaciones con un "que se jodan". Si protestasen los pequeños empresarios y comerciantes tal vez, solo tal vez, se reformaría el impuesto de sociedades en lugar de subir el IVA.

El día 19 hay convocadas nuevas manifestaciones. ¿Qué excusa vas a buscar ahora?