Economía y medio ambiente

A la hora de tomar decisiones y establecer prioridades conviene no confundir lo urgente con lo importante, porque si nos enfrascamos tan sólo en lo inmediato corremos el riesgo de no ocuparnos de lo más importante hasta que sea demasiado tarde. Y hay pocos problemas tan importantes como el medio ambiente: no tenemos otro lugar donde vivir, no hay recambio.

Una de las amenazas más graves para el ser humano es el cambio climático. Yo estoy muy lejos de ser un experto en la materia, pero quienes sí lo son aseguran que es un hecho y que tal vez sea ya irreversible. Por muy preocupados que estemos por otros problemas, y sin dejar de ocuparnos de ellos, éste tenemos que tenerlo siempre presente porque no puede esperar; no solo nos jugamos nuestro futuro sino el de todas las generaciones que nos seguirán.

Las grandes cumbres entre Estados no parece que den resultados significativos, y en mi humilde opinión no los darán hasta que las sociedades, los pueblos a los que deben representar no se los exijamos. Podemos y debemos exigirselo, pero para eso es preciso que seamos los primeros en predicar con el ejemplo, so pena de carecer de toda autoridad moral. Hay muchas cosas que cada uno de nosotros puede hacer: no utilizar el coche más de lo necesario, no consumir más energía de la precisa, comprar preferentemente productos que no impliquen contaminación ni deforestación, etc.

Ojo especialmente con el argumento del perjuicio que eso causaría a la economía. Primero porque la economía no significa nada cuando lo que está en juego puede ser la misma vida. La economía es un medio, no un fin, y lo económico debe supeditarse siempre a lo humano, nunca al revés. Y segundo porque ese argumento con frecuencia es falso. El cuidado del medio ambiente no tiene que perjudicar necesariamente la economía, e incluso puede ser económicamente rentable.

Recientemente he leído un artículo de Amory B. Lovins titulado Más riqueza con menos carbono y publicado en el número 350 de la revista Investigación y Ciencia, la edición española de Scientific American. En él se demuestra con rigor que la mejora de la eficiencia energética, además de contribuir eficazmente a la preservación del medio, reportaría beneficios a las empresas. Y Lovins no es en absoluto el único, otros científicos vienen advirtiendo del problema desde los años sesenta. De otro artículo publicado en el número 397 de la misma revista (yo los he leído recopilados en Temas 67, que os recomiendo) por Charles Hall y John Day, extraigo este párrafo:

Si nos proponemos resolver estas cuestiones, incluida la muy importante del cambio climático, con plena claridad, necesitamos que vuelvan a ser tema central de la educación en todos los niveles de nuestras universidades, que se discutan y se defiendan contra todos los que nieguen su importancia.

Os animo pues a informaros e informar a otros, a debatir y discutir, y a contribuir a que vuelva a ser tema central. En las universidades, como dicen Hall y Day, pero también en los medios de comunicación, en las tertulias y en la red.

El ABC, Intereconomía y la teletienda

Como podrá imaginar cualquiera que lea este blog, yo no soy un lector asiduo del ABC, aunque sí lo leo ocasionalmente desde hace bastantes años. Es un buen diario, aunque a nadie se le escapa que tiene una línea ideológica de derechas. Antes, por la forma en que enfocaba las noticias y por los artículos de opinión me parecía descaradamente derechista y sesgado, ahora me parece un diario de derecha moderada, o casi. Mi manera de pensar no creo que haya cambiado sustancialmente, y la línea editoral del diario tampoco, el cambio radica en la aparición de otros medios que, por comparación, hacen parecer el ABC un modelo de moderación.

También veo, aunque no con frecuencia, canales de televisión afines a la derecha como, por ejemplo, Intereconomía. En uno de estos canales oí no hace mucho a un presentador de informativos dar la noticia de la convocatoria de una manifestación, creo que era la del 19 de febrero, diciendo, y cito sus palabras textuales: "los sindicatos convocan una nueva jornada de violencia". Esto ya no es solo falta de rigor informativo y de la más elemental ética periodística, es que roza los límites de lo delictivo. Y sin embargo no escandaliza ni se le presta mayor atención.

A mí la mera existencia de estos medios, de derecha o de izquierda, no me preocupa. Pero en una sociedad democrática sana y razonablemente instruida estos medios deberían ser marginales. Alguien que no sea un fanático no puede tomarse un canal como Intereconomía más en serio que la teletienda, porque en realidad son exactamente lo mismo: propaganda destinada a vendernos un producto. Creer que estos medios sirven para informarse es engañarnos; sirven, como mucho, para saber cómo piensan (o no piensan) los que no piensan como nosotros. Que es, dicho sea de paso, el motivo por el que les presto cierta atención.

En su famoso libro El contrato social Rousseau dejó escrita esta frase, muy de mi gusto:

Nacido ciudadano de un Estado libre, y miembro del soberano, por débil influencia que pueda ejercer mi voz en los asuntos públicos, el derecho de votar es suficiente para imponerme el deber de instruirme.

Mucho después, en un artículo publicado en 1995 y expresivamente titulado Informarse cuesta, Ignacio Ramonet, quizá teniendo en mente el libro de Rousseau, escribió prácticamente lo mismo con estas otras palabras:

Informarse cuesta y es a este precio al que el ciudadano adquiere el derecho a participar inteligentemente en la vida democrática.

Informarse cuesta, no basta con ver los telediarios que nos ofrecen veinte noticias en treinta minutos sin referencia ni contexto, no basta ver una imagen para entender todo la complejidad de la realidad que pretende reflejar, y desde luego no basta aceptar sin más la propaganda que se nos ofrece como información dándonos gato por liebre. Informarse no es solo conocer el dato, sino comprenderlo o por lo menos intentarlo, y eso requiere siempre contrastar nuestra opinión con la de otros. O, por mejor decir, con la de "los otros".

La Constitución de 1812

Hoy se conmemora el bicentenario de la Constitución de Cádiz, conocida popularmente como "La Pepa" precisamente por haberse promulgado el día de San José. Recientemente adquirí un bonito ejemplar conmemorativo, aunque anteriormente ya la había descargado y leído en formato digital. Legalmente, puesto que es de dominio público, y solamente por satisfacer mi curiosidad ya que leerla con doscientos años de retraso no tiene obviamente el menor propósito práctico.

Lo primero que me llamó la atención al leerla por primera vez fue su nada desdeñable extensión, nada menos que trescientos ochenta y cuatro artículos. Acabada esa primera lectura mi primera impresión fue de cierta decepción. Acostumbrado como estaba desde la adolescencia a oir hablar de lo avanzada que había sido la Constitución de 1812, me encontré con un texto que dista mucho de la idea de democracia que tenemos hoy en día.

En primer lugar, y nada más comenzar la lectura, me encuentro una notable distinción entre españoles y cidudadanos. Son españoles, dice el texto, todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de éstos. Pero solamente son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios. Primera decepción por tanto constatar que se establecían tres clases de habitantes de España, los que no son libres, los hombres libres nacidos en España y los que, además de haber nacido en España, tienen ascendencia española por ambas líneas. Solo los últimos son ciudadanos, y la distinción no es baladí porque solo ellos tienen derechos políticos. Nótese, por cierto, que dice "hombres", a las mujeres ni se las menciona pero se sobreentiende que están excluidas de la ciudadanía.

También me llamó poderosamente la atención la complejidad del sistema electoral, que era indirecto. Los ciudadanos, reunidos en juntas parroquiales, debían nombrar unos electores parroquiales. Estos electores, reunidos a su vez en juntas de distrito, nombrarían unos electores provinciales que, reunidos a su vez en juntas provinciales, nombrarían a los diputados. Todos los ciudadanos podían ser electores, pero para ser diputado se exigía, entre otros requisitos, tener una renta anual proporcionada procedente de bienes propios. Segunda decepción, el sufragio no era exactamente censitario, pero se le parecía bastante. Un dato curioso es que el mandato era por dos años, lo que parece extrañamente breve teniendo en cuenta la extensión de los dominios españoles y la lentitud y precariedad de las comunicaciones de la época.

Pero lo que realmente me pareció decepcionante fue la amplitud de los poderes reservados al rey. Se le reserva en exclusiva el poder ejecutivo, incluida la potestad de nombrar libremente a los secretarios de despacho, equivalentes de los actuales ministros. Pero además el rey podía negarse a sancionar las leyes, en cuyo caso las Cortes no podrían volver a tratar el mismo proyecto durante un año, transcurrido el cual y si se le volviese a presentar el mismo proyecto podía negarse por segunda vez con las mismas condiciones, aunque no por tercera vez. Habida cuenta de la brevedad del mandato de los diputados, el mismo texto solo hubiera podido ser votado tres veces en dos o incluso tres legislaturas diferentes, por lo que el rey habría tenido un derecho de veto bastante eficaz si la Constitución hubiera estado vigente el tiempo suficiente.

Todo esto no son más que unas breves pinceladas de los aspectos que me resultaron llamativos y me causaron, como decía, una cierta decepción inicial. Pero si me quedase en esa valoración estaría siendo injusto, porque eso sería leer un texto de hace doscientos años con mentalidad de un lector moderno. En realidad esta Constitución sí fue notablemente avanzada si consideramos de dónde se partía y cuáles eran las circunstancias del momento.

Se partía de una monarquía absoluta. Absolutamente absoluta, si se me perdona la redundancia. Considerando esto no fue poca cosa establecer la separación de poderes, por imperfecta que fuera. Se le deja al rey el poder ejecutivo, pero se le priva del legislativo y el judicial, y aún en el ejecutivo se le imponen límites. Se establece además por primera vez que la soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho a establecer sus leyes fundamentales. El rey deja de serlo por derecho divino. El poder judicial se hace independiente: ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, avocar causas pendientes ni mandar abrir los juicios fenecidos, las causas o quejas contra magistrados quedaban encomendadas al Supremo Tribunal de Justicia. En pocas palabras, puede parecer una Constitución casi retrógrada leída dos siglos después, pero fue un cambio realmente radical con respecto a lo que existía solo cuatro años antes.

Hay que tener en cuenta también las circunstancias en que se promulgó. No me refiero ni a la guerra ni al vacío de poder, con ser importantes, sino a las circunstancias políticas. El predominio que los liberales tuvieron en las Cortes de Cádiz era puramente coyuntural y lo debían de saber. No podían abrigar muchas dudas de que, finalizada la guerra, el rey, la nobleza y el clero se opondrían con todas sus fuerzas. E imagino que también debían de ser conscientes de que no contarían con el apoyo del pueblo llano que, en conjunto, no era liberal, porque carecía de cultura política. La prudencia debió de pesar bastante a la hora de hacer concesiones a la monarquía. A toro pasado, sabiendo lo que ocurrió después, cabe preguntarse si tendrían que haber sido aún más prudentes o, por el contrario, lanzarse al vacío y empezar una revolución.

En defintiva la Constitución de Cádiz fue una de tantas ocasiones perdidas en España, pero no por ello deja de ser conveniente recordarla como un hito en la lenta conquista de las libertades en nuestro país.

10 de marzo

El diez de marzo de 1972 la policía abrió fuego contra una manifestación de trabajadores de los astilleros Bazán, en Ferrol, causando dieciséis heridos de bala y dos muertos: Amador Rey y Daniel Niebla. Un monumento honra su memoria en el lugar donde cayeron. Hoy se cumplen cuarenta años de aquel suceso, y por este motivo he participado en la manifestación-homenaje convocada por el sindicato Comisiones Obreras, entonces clandestino y en que ambos militaban.

La muerte de estos dos trabajadores ferrolanos dista mucho de ser un caso aislado. Conviene no olvidar que el primero de mayo, día internacional de los trabajadores, se conmemora la ejecución de George Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons, August Spies y Louis Lingg, condenados y ahorcados por su participación en la huelga que reivindicaba la jornada laboral de ocho horas.

Conviene no olvidar por qué murieron estos siete hombres y otros muchos antes y después que ellos. Ahora vivimos, lo he dicho varias veces, un cambio de modelo de relaciones laborales en el que se cuestionan los derechos de los trabajadores; la negociación colectiva, por ejemplo. Pues hay que recordar, e Ignacio Fernández Toxo lo hacía hoy en su discurso, que la negociación colectiva no es una concesión de ningún gobierno y mucho menos un regalo de los patronos, es un derecho constitucional por el que hubo que luchar y pagar un alto precio. Por un convenio colectivo murieron Amador y Daniel.

Importa no olvidar, y por eso escribo esta entrada en recuerdo y homenaje a George, Aldolf, Albert, August, Louis, Amador y Daniel, y a todos los que cayeron porque hoy tengamos un mundo un poco menos injusto.

Sobre el objetivo de déficit

Esta vez apoyo Don Mariano Rajoy en su decisión de revisar el objetivo de déficit para este año, fijándolo en el 5,8%. Estoy seguro de que no lo ha hecho porque repentinamente haya cambiado de idea, sino por pura y simple necesidad, todo el mundo sabía ya, incluida la señora Merkel, que el objetivo del 4,4% era una quimera y que los desmesurados recortes necesarios llevarían a España a una recesión que haría imposible cumplir el objetivo.

No me gusta, en cambio, el tono utilizado para anunciar la medida por el propio Don Mariano y otros líderes del PP, culpando una vez más al Gobierno anterior por la herencia recibida, cuando lo cierto es que el Gobierno central sí cumplió y fueron las Comunidades Autónomas, y significadamente las gobernadas por el Partido Popular, las responsables de la desviación. Bastante más leal ha sido la respuesta del Sr. Pérez Rubalcaba al manifestar su apoyo al Gobierno. Bien es verdad que no podía adoptar otra actitud coherente, ya que él mismo llevaba una medida similar en su programa, pero la coherencia no siempre es virtud política y no quiero ni pensar lo que hubieran dicho el Sr. Rajoy y el siempre tan comedido Sr. Aznar si la medida la hubiera tomado un gobierno socialista.

También yo quiero ser coherente. En alguna ocasión he escrito aquí que la reducción del déficit, siendo necesaria no es urgente ni prioritaria, y que obcecarse en reducirlo drásticamente en un plazo demasiado corto es un grave error. Así que aún sabiendo que la revisión del objetivo no supone un cambio de política ni es en absoluto suficiente, me parece positivo y lo aplaudo.

Hay además otro aspecto que me parece positivo, y es que un presidente de gobierno, el español en este caso, decida no plegarse a los intereses de la troika. También en esto debo ser coherente, ya que dije algo parecido cuando el entonces primer ministro Yorgos Papandreu anunció su intención de convocar un referendum. Hace falta que los líderes políticos hagan frente al poder económico, afiancen la democracia y antepongan el interés de los pueblos al de la economía especulativa. Lo del primer ministro griego fue un órdago a la grande y lo perdió, lo del español parece más un envite a la chica, y veremos en qué resulta.

Una buena parte de la prensa, incluidos los dos principales diarios económicos del mundo, interpretan el anuncio como un desafío a la Unión Europea, pero no lo es. Es una medida necesaria y sensata que, en todo caso, desafía la insensatez de la troika. El señor Rajoy aseguró en rueda de prensa que no se incumple ningún compromiso y no hay base para sancionar a España, e imagino que tendrá asesores que se habrán asegurado, pero lo cierto es que en los últimos tiempos la legalidad internacional y la legitimidad democrática parecen importar poco. Dos naciones europeas en que los gobiernos democráticos han sido reemplazados sin miramientos por títeres del poder económico dan fe de ello.

En tanto vemos cómo se desarrolla este asunto y cómo acaba, repito una vez más que en esto (y solo en esto) apoyo a nuestro presidente.