sábado, 5 de mayo de 2012

Sobre la expropiación de YPF

Que una nación quiera controlar sus propios recursos naturales es perfectamente comprensible, especialmente tratándose de un recurso como el petróleo cuya importancia estratégica conocemos todos. Entiendo por tanto el deseo de los argentinos de controlar sus recursos y de recuperar lo que antes fue una empresa pública argentina. Lo entiendo y lo apoyo porque yo también creo que un pueblo tiene el derecho de controlar sus recursos naturales.

Lo que no puedo apoyar es la manera en que se ha llevado a cabo. El gobierno argentino tenía otras vías para lograr ese objetivo, como negociar la compra o acudir al mercado como cualquier otro inversor. Por supuesto la expropiación también era una opción válida, siempre que se llevase a cabo de un modo escrupulosamente legal y mediante una indemnización justa. Yo no conozco las leyes argentinas, así que no puedo decir nada con seguridad, pero por muy laxas que sean sus leyes hay al menos dos cuestiones que difícilmente pueden ser legales: que se ocupase materialmente la empresa antes de la aprobación de la ley y que la indemnización se fije unilateralmente y a posteriori.

Además de la cuestión de la legalidad, que insisto en que no conozco suficientemente, hay otras cuestiones que merecen atención. El objetivo declarado de la medida es recuperar el control de los recursos, la soberanía hidrocarburística en palabras de la presidenta argentina, pero no se expropia más que una de las varias compañías que operan en el país. Podría entenderse por el deseo de recuperar una empresa antaño pública de no ser porque no se expropian todas las acciones, sino exclusivamente las pertenecientes a Repsol. No creo que sea casual que se expropie tan solo a una empresa de origen español, como tampoco las referencias a la soberanía. La expropiación tiene naturalmente motivaciones económicas, la forma no tiene otro objeto que exaltar el nacionalismo.

La expropiación viene precedida además de una serie de retiradas de licencias a la compañía y acusaciones de falta de inversión que, vistas en restrospectiva, es inevitable pensar que tuvieron la finalidad de hacer caer la cotización de las acciones. Y que comenzaron, y tampoco creo que sea casual, con el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta.

De modo que lo lamento porque siento sincera simpatía por el pueblo argentino, y si se hubiera hecho de otro modo aplaudiría su decisión de retomar el control de sus recursos. Pero así no. No, sobre todo, porque han sido los mismos argentinos los que, espoleados por su gobierno, han planteado este asunto como un conflicto entre España y Argentina. Algo que por desgracia no es nuevo, parece que hayamos olvidado cuando, no hace tantos años, los "gallegos" parecían tener la culpa de todos los males argentinos y sus negocios eran atacados.

No es muy diferente esa actitud de la de los españoles que culpan del paro a los inmigrantes marroquíes o sudamericanos. Los prejuicios son malos en cualquier circunstancia, pero que en tiempos de crisis los gobiernos los utilicen y fomenten en vez de combatirlos es, además, peligroso.

En fin, insisto en que el deseo de los argentinos de recuperar el control de sus recursos me parece lógico y razonable, y en que no conozco suficientemente los detalles de la expropiación como para dar una opinión fundada. Ni siquiera puedo decir que tenga una opinión, y si la tuviera no sería imparcial. Ninguna de mis opiniones lo es. Esta reflexión no es tanto sobre YPF como sobre el desagrado que me produce una hostilidad estúpida, inútil e innecesaria entre dos pueblos que tienen tanto en común. Sobre todo porque uno de ellos es el mío.


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