jueves, 16 de febrero de 2012

La reforma laboral (IV)

Continúo el análisis de la reforma laboral del Real Decreto 3/2011 pasando al despido colectivo, con lo que rompo el orden riguroso que venía siguiendo hasta ahora. Se reforma profundamente el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, dedicado a este tipo de despido. Su definición no varía, sigue siendo el despido fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que afecte a un determinado número de trabajadores en un período de noventa días. Lo que sí varía sustancialmente es la definición de las causas, el procedimiento y el control de los requisitos.

La regulación anterior establecía como requisito para este despido que haya sido debidamente autorizado conforme a lo dispuesto en esta ley. Esta frase ha sido suprimida y, en consonancia, todas las disposiciones del artículo 51 que se referían a la autorización, ahora sustituida por una mera comunicación a la autoridad laboral. Esto es importante, porque se suprime todo control extrajudicial. Antes la autoridad laboral podía paralizar el procedimiento si tuviera conocimiento de que por parte del empresario se están adoptando medidas que pudieran hacer ineficaz cualquier pronunciamiento. También puede la autoridad laboral impugnar los acuerdos adoptados si aprecia cuando estime que se han alcanzado mediante fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, pero mientras que antes la impugnación suspendía la efectividad del acuerdo, ahora no la suspende. Por último, y no lo menos importante, según la regulación anterior si no había acuerdo entre empresario y trabajadores era la autoridad laboral la que debía resolver estimando en todo, en parte o desestimando la solicitud del empresario. La nueva norma dice que en caso de desacuerdo el empresario remitirá a los representantes de los trabajadores y la autoridad laboral la decisión final del despido colectivo que haya adoptado y las condiciones del mismo.

Todo esto significa que la comunicación a la autoridad laboral ya no es más que eso, una mera comunicación. Se suprime cualquier control dejándolo todo al acuerdo entre empresario y trabajadores y, en caso de que no haya acuerdo, a la decisión del empresario. Como nada obliga a llegar a un acuerdo, el resumen es que ahora simplemente decide el empresario, y contra su decisión solo cabe recurrir a la vía judicial.

También se modifica sustancialmente lo que se entiende por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción.  La regulación anterior decía:
Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo. A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado.
La nueva dice:
Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.
El cambio es evidente. Se suprime la frase que obligaba a la empresa a acreditar las causas. Como en caso de desacuerdo se impone la decisión empresarial, que ahora no tiene que justificar, y se ha suprimido el control administrativo, si los trabajadores no consideran que existan esas causas solo les queda ir a juicio. Pero además la definición de esas causas se ha vuelto mucho más favorable al empresario. Antes se decía pérdidas o disminución de ingresos, ahora basta una disminución de ventas, aun cuando se mantengan los ingresos e incluso aumenten los beneficios. Y se entiende que la disminución es persistente en todo caso si se produce durante tres trimestres.

Traduzcamos: si las ventas disminuyen en un euro por trimestre durante tres trimestres, aunque los ingresos financieros aumenten en un millón de euros y los beneficios otro tanto, la nueva ley dice que hay causa para proceder a un despido en masa. ¿Exagero? Puede, pero eso es exactamente lo que dice la ley.

Y concluyo con algo verdaderamente extraño, que me ha llamado poderosamente la atención y que no estoy seguro de cómo debo interpretar. La redacción anterior del artículo incluía un apartado que establecía que los trabajadores despedidos al amparo de este artículo tendrían derecho a una indemnización de veinte días de salario por año de servicio con un máximo de doce mensualidades. Este apartado ha sido suprimido sin más. He leído el nuevo texto varias veces pensando que pasaba algo por alto, pero lo cierto es que simplemente se ha suprimido. El artículo 52, dedicado al despido por causas objetivas, considera como tal el despido basado en las causas del 51 cuando afecte a un número de trabajadores menor del considerado despido colectivo, y el artículo 53 dice que la indemnización para este despido es de veinte días. Y he aquí mi duda: ¿debo interpretar que la indemnización sigue siendo de veinte días, por analogía con el artículo 52, o que ha sido suprimida? Si hay algún abogado entre los lectores, agradeceré su opinión.

En todo caso, y sea cual sea la interpretación que debamos hacer de esta cuestión, no cabe duda de que la reforma del despido colectivo prácticamente da carta blanca a los empresarios, me parece injusta, desprotege a los trabajadores y se presta a posibles y me temo que previsibles abusos. Otro regalo a la patronal.

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