sábado, 18 de junio de 2011

Crisis, gasto público, deuda y recortes

En los inicios de la crisis, o para ser más exactos, cuando el Gobierno se vio forzado a admitir que la crisis que tanto había negado era real, una de las primeras reacciones fue pedir un incremento del gasto público, lo que el Gobierno efectivamente intentó a través del fallido plan E. De esto hemos pasado a que desde distintas instancias se exija todo lo contrario, reducir el gasto público. ¿Por qué?

En épocas de recesión, cuando los productos y servicios dejan de venderse, las empresas, al producir menos, reaccionan normalmente despidiendo trabajadores o reduciendo salarios cuando pueden, lo que aumenta el desempleo y la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Esto hace que se contraiga aún más la demanda, porque las personas disponen de menos dinero para gastar. Es un proceso autoalimentado del que resulta difícil salir.

Según la teoría económica, este círculo se puede romper incrementando el gasto público. La idea es que el Estado sustituya temporalmente a la demanda privada. Si el Estado compra esos productos y servicios que no se venden crecerá de nuevo la producción, las empresas volverán a contratar a los desempleados, estos tendrán de nuevo dinero para gastar y por tanto volverá a crecer la demanda privada. Se trata, en definitiva, de utilizar el gasto público como detonante para iniciar el proceso inverso al de la recesión.

Hasta aquí la teoría. No es absurda ni mucho menos, ha funcionado en otras ocasiones. El problema es que esta vez ha fallado, el incremento del gasto público no fue estímulo suficiente para iniciar el proceso. Dejando de momento las causas de ese fracaso, veamos las consecuencias.

Evidentemente, en la economía de un estado, como en la de cualquiera, hay ingresos y gastos. Los ingresos pueden proceder de empresas públicas, pero sobre todo proceden de los impuestos. Los gastos pueden ser muy diversos, derivados del mantenimiento de la propia estructura del estado o de los servicios que presta. Idealmente, los ingresos y gastos del estado deberían coincidir, dado que su objeto no es obtener beneficios.
Es decir, el estado debería gastar todo lo que ingresa o, visto a la inversa, recaudar solo lo necesita gastar.

Naturalmente esto no es siempre así, y se producen déficits o superávits presupuestarios. Es normal y no constituye un problema grave que el estado tenga déficit presupuestario, incluso varios años consecutivos. Un déficit puede compensarse con un superávit anterior, subiendo los impuestos, o emitiendo deuda pública, es decir, pidiendo prestado. Naturalmente, si el objetivo del incremento del gasto público es estimular la demanda, no sería lógico financiarlo subiendo los impuestos.

Sin duda todos recordaremos que el estado español tenía superavit justo antes del inicio de la crisis, y que eso llevó al Gobierno a tomar medidas que en su día me parecieron imprudentes y populistas, como la deducción de cuatrocientos euros en el IRPF o el cheque-bebé, porque lo permitía el superavit. Así que cuando el Gobierno quiso incrementar el gasto se encontró con que solo podía financiarlo mediante la emisión de deuda pública.

El problema de la deuda es que tarde o temprano hay que pagarla. Se puede aplazar el pago refinanciándola, es decir, emitiendo nuevos bonos y pagando a los viejos acreedores con lo que se obtiene de los nuevos; es una práctica admitida y frecuente, pero tiene un límite. Quienes adquieren esos bonos lo hacen porque la exclusividad del estado para recaudar impuestos les da la confianza de que cobrarán. Si empiezan a perder esa confianza, solo comprarán nuevos bonos si el estado ofrece un tipo de interés mayor.

Si hubiésemos salido de la recesión la deuda no sería un problema serio, la estaríamos pagando con los impuestos. Pero el plan no dio resultado. Los nuevos inversores solo compran deuda a tipos de interés más alto y los informes de las agencias de calificación que sospecho interesados, agravan el problema haciendo crecer la deuda. Así que el estado necesita volver al superavit para hacerle frente.

Es evidente que para volver al superavit solo hay dos vias: aumentar los ingresos o reducir los gastos. ¿Por qué optar por lo segundo? Lo de siempre: exigencias de los mercados. Se descarta la solución de aumentar los ingresos porque eso, según decíamos al principio, significaría menos renta disponible y por lo tanto más contracción de la demanda. Así que hay que reducir el gasto, y en esas estamos. "Los mercados" exigen recortes de pensiones, salarios de funcionarios, prestaciones sociales, sanidad, etc. El razonamiento parece impecable, pero no es completo porque hay otras alternativas.

En primer lugar, nadie ha justificado, que yo sepa, que los recortes tengan que ser en esas partidas de gasto. No se ha producido ningún debate serio sobre cuáles son los gastos que se deben reducir. Lo exigen los mercados, y punto.

En segundo lugar se pueden aumentar los ingresos sin aumentar los impuestos.  En España no hay estadísticas oficiales sobre el fraude fiscal, lo que ya es significativo del poco interés que hay en combatirlo. Los estudios más solventes lo cifran entre el veinte y el veinticinco por ciento, el doble que la media de la Unión Europea. Y es importante tener en cuenta que no es homogéneo. La mayor parte de ese fraude no se produce en las rentas del trabajo, sometidas a un control bastante estricto, se produce entre las empresas, autónomos y profesionales independientes.

Y en tercer lugar tampoco tengo noticia de que alguien haya justificado que solo los trabajadores tengan que pagar los platos rotos. Los acreedores del estado tendrán que apechugar también. Aunque no se ha aireado demasiado, ya se han propuesto para Grecia convenios de "quita y espera". Es decir, que los acreedores renuncien a cobrar una parte de la deuda (quita) y acepten aplazar los vencimientos de los pagos (espera). ¿No nos decían que esto lo solucionamos entre todos? Pues todos somos todos.

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